El Concello de Narón presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de anular la última sentencia de la cementera de Castro, dictada el pasado 25 de febrero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en virtud de la cual se invalida el plan de sectorización de la parcela sobre la que se asienta la molienda. El regidor local, Xosé Manuel Blanco, afirmó ayer que el Ayuntamiento está dispuesto a apelar el fallo judicial en todas las instancias que sea posible. «Iremos al Supremo, al Constitucional y a donde haga falta», puntualizó el alcalde. Recordó el mandatario que el plan de sectorización fue aprobado en pleno hace cinco años con informes favorables de las consellerías de Política Territorial y Medio Ambiente. Los departamentos autonómicos, incluso, ordenaron introducir unas modificaciones al documento, que fueron realizadas por el Ayuntamiento. De cómo puede influir la ejecución de la sentencia en el desarrollo de la actividad de la cementera, Xosé Manuel Blanco señaló: «Eso de parar la actividad, nada. Eso será cuando la sentencia sea firme». ¿Cuándo el fallo judicial será definitivo? Cuando se pronuncie el Tribunal Supremo. Sin embargo, es la institución judicial que dicta la sentencia, es decir, el TSXG, el que determina si el Ayuntamiento puede presentar o no el recurso de casación, es decir, si cumple los requisitos formales. Si recibe el visto bueno, el fallo se eleva al Supremo, que puede admitir o no la apelación del Ayuntamiento. Teresa Carballeira, asesora jurídica de los vecinos de Castro, que fueron quienes presentaron el recurso contra el plan de sectorización, explicó que en caso de que el TSXG impida elevar el recurso al Supremo, la sentencia podría ser firme en el plazo de un mes. En el caso contrario, el proceso se podría alargar durante unos tres años. Una vez que el fallo sea definitivo, el Ayuntamiento tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. Los otros dos recursos interpuestos por los vecinos, uno contra la licencia y otro contra el plan de urbanización, fueron desestimados por el juzgado de lo contencioso de Ferrol. Alquilada La molienda de Río do Pozo, la segunda del municipio, entró en servicio en el verano del 2007. Es propiedad de la empresa Cementos Gallegos, aunque desde el pasado 1 de enero está alquilada al grupo Cemex. De momento, y según confirmó el alcalde naronés, la empresa no se ha puesto en contacto con el gobierno municipal: «Ellos tienen su abogado y supongo que presentarán un recurso». La planta funciona al 35% de su capacidad y está sacando al mercado unas 200.000 toneladas de producto. Las instalaciones fueron creadas para llegar a producir alrededor de 700.000 toneladas. Cuenta con una plantilla directa de unas treinta personas.