La concejala del PP Rosa Martínez acusó ayer al ejecutivo local de adeudar facturas desde noviembre a la empresa Cesmi, que realizaba servicios de control y vigilancia para el Concello en las instalaciones públicas del castillo de San Felipe y Reciclaterra, en Mougá. En total, según las estimaciones de la edila popular, la deuda asciende a 165.000 euros, a razón de 15.000 euros por cada mes.
No obstante, desde el gobierno local señalaron ayer que esa cantidad no es exacta y que la deuda está en fase de tramitación, por lo que se irán abonando las sucesivas facturas. Según fuentes del ejecutivo municipal, existía una modalidad de contrato, al cual se acogía la firma Cesmi, que motivaba retrasos en la tramitación de los pagos. Ese modelo ha quedado ya descartado y la compañía se acoge ahora a un nuevo modelo al pasar a integrarse en una unión temporal de empresas con Prosegur dentro del plan de vigilancia de inmuebles públicos que se desarrolla desde este mismo mes y que comenzó con la entrada en servicio de un control de acceso al consistorio, además de incluirse nuevos emplazamientos que ahora cuentan con servicios de vigilancia privada.
Pese a todo, desde el PP se refirieron a una «mala gestión de un gobierno municipal que tarda más de un año en pagar las facturas», señaló Rosa Martínez, quien destacó también que la empresa Cesmi «tiene contratadas a doce personas, siete en San Felipe y cinco en Mougá, que tienen un grado de minusvalía reconocido de, al menos, el 7%».
Criticó, además, otro impago denunciado hace una semana por la empresa Serviasistencia, de atención a domicilio de personas dependientes.