Nuevo juicio en Ferrol contra dos empresarios por un accidente laboral que dejó un gran inválido
FERROL
El fiscal pide que se indemnice al trabajador, que quedó en silla de ruedas, con cerca de medio millón de euros
24 ene 2013 . Actualizado a las 20:35 h.Un juzgado de lo Penal de Ferrol celebrará mañana viernes un nuevo juicio por accidente laboral que sienta en el banquillo a dos empresarios a los que el fiscal responsabiliza del siniestro por falta de medidas de seguridad.
Los hechos ocurrieron el 27 de agosto del 2007 en las obras de construcción y o ampliación de una nave de Privilege, en el polígono de As Lagoas, Narón. La víctima, Francisco Díaz Mouriz, actualmente de 58 años, perteneciente a la empresa Construcciones Puerta de Neira, S. L. Días antes del siniestro había recibido órdenes de su encargado de que evacuase el agua que había anegado el fondo de una zanja, procedente de un depósito próximo. Los muros laterales de la zanja, que dejaban como un gran canal en el fondo, estaban ya levantados. El pasillo tenía una profundidad de 3,60 metros, con dos muros alineados en paralelo, con un ancho entre ambos de 1,10 metros.
Siempre según la versión que recoge el fiscal en sus conclusiones provisionales, sobre las nueve y cuarto de la mañana del día indicado, el trabajador, viendo que se había achicado el agua, bajó a la zanja para recoger la bomba, momento en el que se produjo un desprendimiento del talud lateral de tierra. La avenida de tierra sepultó a Francisco Díaz, porque la obra carecía de elementos de estibación del talud.
El trabajador sobrevivió, si bien ha quedado en silla de ruedas y precisa de terceras personas para su vida diaria. Le fue reconocida una gran invalidez.
En el banquillo se sentarán José D. B., de Privilege Advance Surface, S. A., y Antonio G. F. de la constructora indicada, a quienes se les imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores y un delito de lesiones imprudentes. El fiscal pide que se les condena a dos años de cárcel e indemnización, a su cargo o de los seguros de sus empresas, de 433.000 euros al empleado lesionado.
Sostiene la acusación que la obra se ejecutó sin el plan de seguridad obligatorio, tampoco se había designado un coordinador de seguridad en el tajo. Igualmente, sostiene el Ministerio Fiscal, no se instruyó al personal en las medidas preventivas necesarias para la ejecución segura de la obra encomendada. Tampoco se hicieron estudios geotécnicos del terreno.