La plantilla llevó a cabo ayer una protesta en la que reclaman que la Xunta se implique en su futuro
03 ago 2013 . Actualizado a las 22:37 h.La mayor parte de la plantilla de la empresa pontesa Arteixo Telecom secundó ayer la concentración celebrada frente a la Xunta para demandar de la Consellería de Economía e Industria su intervención para hallar una solución que garantice la continuidad y la viabilidad de la empresa. Actualmente, está en concurso de acreedores y su plantilla, afectada por un ERE temporal. Unas 110 personas, según estimaciones del comité, entre trabajadores y familiares, se desplazaron hasta Santiago con la intención de mantener una reunión con el conselleiro. Sin embargo, una vez allí les informaron de que Francisco Conde no se encontraba en el inmueble, por lo que registraron un escrito en el que le detallan la solución. En él, explica que la firma presentó concurso voluntario de acreedores el pasado 20 de mayo, con un plan de viabilidad que requería la extinción de 46 empleos y la reducción salarial del 20% para la plantilla no afectada. Sin embargo, la empresa alega que no puede hacer frente a las indemnizaciones, algo que abocaría a la liquidación de todos los empleos.
El comité propuso entonces revertir los despidos a cambio de un plan de rentas para los mayores de 57 años (35 trabajadores), movilidad funcional interna del personal y un plan de bajas incentivadas, al que acompañaría una reducción salarial del 10% hasta el 2018.
De forma paralela a estos «sacrificios», el comité pide la influencia política de la Xunta ante las compañías eléctricas para que Galicia participe en la fabricación del plan de sustitución de contadores eléctricos por otros inteligentes, una «oportunidad de negocio» para empresas del sector como Arteixo Telecom, dedicada a la fabricación de componentes tecnológicos.
Esta vertiente y el apoyo político a la instalación del sistema de comunicaciones tren tierra en el tramo Medina del Campo-Ourense consideran que podría suponer la garantía hasta el 2018 de más de 200 empleos e incluso la creación de otros 50, en función de las características del equipamiento a industrializar.
La plantilla pide influencia política para acceder a la renovación de contadores