La sentencia recuerda que la Dirección General de la Policía provee a sus agentes de las prendas para el servicio, de forma gratuita, para aquellos funcionarios que lo desempeñen vistiendo uniforme, y sin embargo no compensa a todos los funcionarios que prestan servicio de paisano, como el demandante. Añade que esta entrega gratuita de la uniformidad implica que los funcionarios que realizan servicio de uniforme no tienen ninguna carga económica. Interior establece, sobre la base de criterios técnicos, cual es la duración aproximada de cada prenda y se reponen periódicamente o bien la solicita el funcionario cuando observa que alguna está deteriorada, a diferencia de lo cual a los funcionarios que prestan servicio de paisano.
Es por ello que el policía de Ferrol considera que entender que los funcionarios policiales que no deban llevar uniforme no tengan compensación económica supone «discriminación prohibida por nuestro ordenamiento jurídico». En este sentido, el abogado del demandante cita el artículo 14 de la Constitución española que resulta «injustificada e irrazonable esta diferencia» de trato entre unos y otros agentes.