Abogados y procuradores del turno de oficio suman dos meses de dura huelga: «Trabajamos gratis, somos nosotros los que estamos sosteniendo la justicia gratuita y no la Administración»

Esta semana se cumplen dos meses desde el inicio de la huelga de los abogados y procuradores del turno de oficio. En la provincia la unión entre estos profesionales es cada vez más fuerte y, lejos de ceder en las exigencias de sus demandas, preparan la próxima manifestación ante los juzgados de cada partido judicial (el 26 de enero) y viajes para la gran movilización del 3 de febrero en Madrid. El balance del paro es significativo, porque en muchos juzgados ha supuesto la suspensión de más del 90 % de actuaciones en las que el profesional manifestaba su derecho a la huelga.

«Estamos pidiendo que se adecúe nuestra situación a la actualidad y a las leyes, porque tenemos que tener garantizados derechos básicos como: bajas médicas, bajas por maternidad, paternidad, fallecimiento de familiares, cobertura de accidentes de trabajo, que se cotice por nuestro trabajo y también, por supuesto, que se retribuya el trabajo de manera digna y actualizada, y se abonen todas los trabajos o actuaciones realizadas», explican Ana Rosa Pena y Marisa Pérez, dos letradas que coordinan las acciones de protesta en Ferrol. Lo hacen codo a codo con los procuradores: «Tanto en tema de mutualidad como en el turno, la problemática de los abogados y de los procuradores es similar, con muy pequeñas diferencias, así que la reivindicación y la lucha tienen que ir en la misma dirección y de la mano con ellos», detalla la procuradora Maite Roca.

Rosa Lozano, abogada: «Procuradores y letrados sostenemos la justicia gratuita, no la Administración»

La abogada Rosa Lozano Guitián cuenta con una amplia experiencia en el turno de oficio. De hecho, recibió un reconocimiento hace un par de años por su larga trayectoria colaborando con la justicia gratuita. Ahora es una de las voces que reclama cambios urgentes.

—¿Cuánto pierden económicamente al colaborar con el turno?

—No se puede computar la pérdida económica personal en cuanto al turno de oficio, puesto que los baremos por los que se guían para pagarnos no cubren todos los trabajos que realizamos, y cuando lo hacen están como diez veces por debajo del precio de mercado. Para poner un ejemplo claro, nos obligan a hacer guardias de 24 horas en las ciudades y de una semana completa en poblaciones más pequeñas, por esas guardias nos pagan cero euros; estamos obligados, pero no remunerados. En mi localidad, A Coruña, cada día estamos de guardia gratuita seis compañeros que perdemos dinero al no poder atender nuestros asuntos a cambio de nada, y da igual que la guardia sea un día laborable o un festivo, incluso el día de Navidad o Año Nuevo, siempre es sin cobrar un duro. Además, tampoco nos pagan los desplazamientos, por lo que si me llaman del cuartel de Arteixo, de Culleredo… tengo que ir en mi vehículo o pagarme un taxi, con lo que ya no es que no cobremos, es que cada guardia nos cuesta dinero de nuestro bolsillo.

—¿Por qué este desfase?

—Creo que las personas que establecen los baremos no prestan servicio del turno y eso se ve, claramente, en su regulación. Por ejemplo, en un procedimiento penal solo se abonará un pago de un recurso de apelación en todos los años de tramitación que tiene, de esta manera, si recurrimos en apelación durante el procedimiento, ya no nos van a pagar el recurso de apelación contra la sentencia, en caso de que sea necesario interponerlo. En las ejecuciones sucede lo mismo. Imagina una divorciada con tres hijos, a la que conseguimos se le reconozca el derecho a cobrar una pensión de alimentos para poder sostenerlos, porque tiene la custodia en exclusiva: si la otra parte no paga voluntariamente habrá que empezar, con urgencia, un procedimiento de ejecución para embargarle ese dinero necesario para que coma la familia. Pues ese trámite crucial ya no nos lo pagan, tenemos que hacerlo como las guardias y los recursos de apelación: trabajamos completamente gratis. De esta manera, es fácil afirmar que la justicia gratuita la sostenemos los profesionales que trabajamos en el turno, los abogados y procuradores; no las administraciones, cuando es su obligación.

Ana Sabel, abogada de Santiago: «Si la Administración fuese una empresa, ¿nos tendría sin cotizar?»

Ana Sabel Iglesias lleva ejerciendo en Santiago 23 años. Tiene claro que para mejorar el turno se necesita voluntad política: «Que se regule nuestra situación laboral, así como todos los aspectos de la prestación del servicio público pero desde el punto de vista de los profesionales».

—No solo piden más compensación económica...

—También solicitamos que se cotice por nosotros. No puede ser que prestemos un servicio público esencial y que la propia Administración no cotice por nuestra prestación, reivindicamos el reconocimiento de los beneficios derivados de los períodos de prestación de dicho servicio como tiempo de alta a efectos de cómputos de carencia para prestaciones de Seguridad Social. Si la Administración fuese una empresa privada y no tuviese a sus trabajadores dados de alta, ¿nos tendría sin cotizar? Pues, está pasando y ha llegado la hora de dar solución a nuestro colectivo.

—¿Preocupa la fuga de letrados del turno?

—Así es y es sangrante. Cada día los abogados adscritos al turno se están dando de baja, porque no compensa. Además, nuestros representantes institucionales siguen sin hacer campañas de información a la ciudadanía para difundir el conocimiento y dignificación del abogado de oficio. No puede ser que la gente siga pensando que el abogado de oficio es un letrado de mala calidad. Al contrario, los abogados de oficio somos los mismos abogados particulares, pero prestamos un servicio público: se nos exige formación específica y continuada para ello.

—Se sienten utilizados...

—Los abogados del turno nos sentimos maltratados, porque el servicio público que prestamos lo hace la Administración a nuestra costa. Pongo el ejemplo más significativo con el que nos encontramos los abogados penalistas del turno de oficio: una entrada y registro en un domicilio que puede durar como mínimo tres horas o más y hasta 12 horas, el importe a pagar total al abogado es de 20 euros y así llevamos desde el 2020 porque antes ni se pagaban. A mí hace dos meses me vino el técnico de la caldera al mantenimiento anual y por 45 minutos me cobró 120 euros. Queremos que se regulen nuestros derechos en el ejercicio de la labor del turno de oficio.

Nuria Campos, procuradora: «Tenemos secuestradas nuestras aportaciones a la mutua»

Nuria Ramón Campos es procuradora en A Coruña. Recuerda que los procuradores participan de los mismos problemas del turno de oficio y de la mutua: «El principal es que no nos remuneran nuestro trabajo, lo normal es que tengamos que poner dinero».

—¿Qué sucede con la mutua?

—Cuando me colegié en el año 1996 tenías que adscribirte a la mutualidad para poder ejercer, no tenías posibilidad de darte de alta en el antes conocido régimen de autónomos (hoy Reta). Hemos pagado al mes cantidades asimiladas a las del Reta, y en su día, nos prometieron unas pensiones de mayor cuantía a las que pagaba en su día la Seguridad Social. A día de hoy si hacemos la simulación de nuestras pensiones vemos que recibiremos menos que una contributiva: solo 12 pagas anuales y sin revalorización. Esto a grandes rasgos; el tema es complejo y tiene mucho más calado. De hecho, no podemos recuperar nuestras aportaciones, las tenemos secuestradas, pues ahora no tenemos un plan de previsión social, sino un plan de pensiones; las mutuas ya no son de previsión social se han convertido en compañías de seguros privadas.

—¿Qué reclaman?

—Pedimos dignidad e igualdad de trato con respecto al resto de ciudadanos, queremos poder traspasar nuestras aportaciones al Reta, que se nos reconozcan los años cotizados y se asimilen las aportaciones. Nadie vería normal, ni aceptaría trabajar más de 40 años y cobrar menos que otro que no ha trabajado, menos que una pensión no contributiva. Somos ciudadanos que pagamos impuestos, creamos trabajo y damos un servicio a la sociedad, no podemos acabar al final de nuestra carrera profesional en la indigencia. Ni nos pueden obligar a trabajar hasta el final de nuestros días para poder vivir con cierta dignidad.

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