Entre los acusados se hallaban varios implicados en la operación Carioca
28 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Tras innumerables suspensiones y aplazamientos, José Juan Barreiro, presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial, pudo, por fin, comunicar ayer el «visto para sentencia» en la vista oral que sentó en el banquillo a cinco personas acusadas de prostitución, detención ilegal y contra los derechos de los trabajadores. De este modo, se pudo cerrar una causa que se inició en el 2001 con la denuncia de una joven colombiana que había llegado a un club de Poio un año antes.
La declaración de esta testigo protegida centró el debate entre el fiscal y las defensas, quienes pusieron en entredicho no solo su testimonio sino el de otros testigos de la acusación. A este respecto, el representante del ministerio público, Augusto Santaló, reconoce que incurrieron en ciertas contradicciones, si bien lo achacó al tiempo que transcurrió desde que supuestamente ocurrieron los hechos y la celebración de la vista.
De hecho, no dudó en reconocer que le «sorprendió» que, pese a haber pasado once años, hubiera podido identificar fehacientemente a los imputados a través de videoconferencia. En su opinión, esta circunstancia solo tiene una explicación, que la relación con los encausados es «un contacto que deja huella psicológica».
En cuanto a estos, el fiscal mantuvo que «se aprovecharon de la situación de necesidad» en la que se encontraba la denunciante, así como insistió en que esta fue intimidada para que ejerciese la prostitución. Eso sí, asume que la joven se desplazó hasta Galicia sabiendo que iba a realizar este tipo de servicios sexuales.
Diversas interpretaciones
Donde la acusación vio contradicciones «lógicas», las defensas observaron discrepancias «graves» o, incluso, «declaraciones falsas». En este sentido, el letrado de José Manuel García Adán -por otro lado, principal implicado en la operación Carioca lucense- aludió a la propia condición de testigo protegido de la denunciante: «Quien oculta su rostro, puede ocultar la verdad».
Niegan una red organizada
En esa línea, sostuvo que las pruebas no corroboraron las imputaciones del fiscal, ni que existiera un grupo organizado que se dedicase a traer a mujeres de Colombia para que ejerciesen la prostitución en clubes gallegos.
En su intervención, recordó que su cliente ya fue absuelto hace once años por la Justicia pontevedresa en un caso de similares circunstancias. Incluso, la denunciante en aquel entonces compareció como testigo en este último juicio.
En similares términos se expresaron otras defensas. Es el caso de la de Manuel Manteiga Rodríguez, apodado como El Increíble, quien admitió que la credibilidad de estas personas debía tomarse con ciertas reservas.
En el caso de su defendido, indicó que este «simplemente se limitó a conducir un coche», toda vez que se le señala como una de las personas que recogió a la denunciante en el aeropuerto de A Coruña y la trasladó hasta un club de Poio. «Conducir un coche hasta el momento no es delito», reiteró, así como hizo hincapié en la «irrelevancia penal de sus actuaciones».
Excesivo tiempo transcurrido
En cualquier caso, otro de los caballos de batalla que esgrimieron los letrados fue el excesivo tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento judicial. Mientras algunos pusieron en solfa las identificaciones de la testigo de cargo por la calidad de la imagen de la videoconferencia, otros reiteraron la tesis de que los cargos están prescritos, tesis que argumentó el representante legal de Ana Milena Gómez Reyes.
Además de los cinco imputados que se sentaron finalmente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el fiscal mantiene las imputaciones sobre otros dos imputados que a estas alturas todavía permanecen en paradero desconocido. Se trata de Manuel Ulloa Manteiga, más conocido como El Melenas, y de José Isolino Rico Chorén, también llamado El Pelao. Ambos huyeron de la Justicia hace ocho años, en el 2004, para no tener que ingresar en prisión para cumplir una larga condena de más de tres décadas por delitos vinculados al proxenetismo. En ese sentido, el primero de ellos, Ulloa Manteiga, huyó nada más conocer el fallo del juez, mientras que el segundo, Rico Chorén, alegó estar ingresado en un centro psiquiátrico madrileño para no tener ni que comparecer en el juicio. Si inicialmente para los acusados el fiscal solicitaba diez años de cárcel y el pago de sendas multas, finalmente redujo la petición de condena a cuatro años de prisión.