El consenso entre los diputados electos se antoja difícil antes de empezar
28 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Sanidad, educación empleo, servicios sociales. Cuatro pilares sobre los que acaba girando cualquier conversación política. Especialmente si de lo que se trata es de reunir a varios de los diputados electos por la provincia el 21-O y sondear su opinión sobre los próximos cuatro años. Cuatro son, también, las formaciones con representación en el Parlamento. Y cuatro sus visiones, por lo general difícilmente compatibles, sobre qué es lo que conviene a las comarcas de Arousa y Pontevedra.
sanidad
Entre Montecarrasco y el Hospital do Salnés. El PP, queda claro, está solo en la construcción del complejo de Montecarrasco. «Pontevedra necesita un hospital moderno», sostiene Marta Rodríguez Arias. Tanto Patricia Vilán (PSOE) como Eva Solla (AGE) y Montse Prado (BNG) consideran que, al igual que en Vigo, la fórmula de confiar a la iniciativa privada su construcción es un error. «A excusa da crise vale para dar pasos cara á privatización pero se aposta por Montecarrasco, onde non hai nada, no canto de aproveitar todo o que xa está feito en Montecelo, con consenso de profesionais, cidadáns e forzas políticas», apunta Prado. Solla calcula que la privatización de los servicios no sanitarios y la no reposición de bajas y jubilaciones neutralizan «500 postos de traballo cada ano». Es más, argumenta que seguir el ejemplo de Vigo solo conducirá a que «as obras teñan que ser rescatadas con cartos públicos». Retomando el caso de Vigo, Vilán augura que de las obras del nuevo hospital «non haberá nada», al igual que lo que encuentra en la ampliación del Hospital do Salnés y la creación de nuevos centros de salud. Rodríguez replica: «Seguen coa mensaxe errónea de confundir a construción dun hospital coa atención sanitaria». No se puede, concluye, «desprestixiar a sanidade pública».
Empleo
Prioridad absoluta y el ejemplo de Alfageme. Un punto de encuentro teórico es la priorización de cuantas inversiones públicas se concentren en la creación de empleo. Su materialización, sin embargo, es motivo de controversia. Los casos de Ence y la conservera Alfageme salen pronto a colación. En este segundo conflicto, aún sin resolver, Marta Rodríguez recuerda que el bipartito comprometió hasta 40 millones de euros como avales para la familia Lago, entonces propietaria de la compañía, sin un control adecuado. Prado replica que mantener 150 empleos constituye, para ella, una inversión y devuelve la pregunta al PP: «Cantos cartos públicos se empregan en empresas coma Citröen» o el coste del «capricho de anular o concurso eólico». Solla introduce otra reflexión: «As formacións políticas non nos podemos enzarzar en ti máis ou ti peor, porque o que a xente precisa son solucións, non que discutamos polo que cobra este ou o outro». Vilán reclama «un acordo xeral en materia de emprego», pero exige a los populares, que como fuerza que sostiene el Gobierno, tomen la iniciativa «sen a prepotencia de dicir que teñen o aval para facer o que lle peta». Rodríguez ironiza y se muestra satisfecha ante la disposición de la diputada de AGE a buscar consensos, «xa que o seu cabeza de lista en Pontevedra só di que a súa misión é que o PP non remate a lexislatura». El BNG pide un «cambio radical» para alcanzar acuerdos.
recortes a funcionarios
La paga extraordinaria. El debate se polariza entre Jacobo Moreira (PP), que acusa al Concello de Pontevedra de fraude de ley al compensar la eliminación legal de la paga extraordinaria de Navidad a sus funcionarios, y Prado, que defiende la medida del BNG como la lucha contra una «inxustiza». Pero también Vilán y Solla tercian contra el «ataque aos empregados públicos». El PP, otra vez solo.