Valiño y Roberto Lorenzo llevaban el peso de las adjudicaciones, según la jueza
24 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Las pocas investigaciones promovidas en Lugo contra la corrupción revelan que en la provincia puede haberse instalado en algunas administraciones un sistema de caciqueo en el que dar contratos a dedo, a amigos, puede ser lo más leve que se puede encontrar. Primero fue O Vicedo, cuyo alcalde acabó en la cárcel. Luego vino la investigación sobre cómo se hacían algunas adjudicaciones en la Diputación de Cacharro y ahora le tocó a Castro. La jueza de la operación Rei se encontró con que en el municipio chairego incluso había un edificio que se llamaba Marbella. En su auto de cierre de la investigación recuerda que esa propia denominación coloquial «evoca la situación jurídico penal de otro ayuntamiento malagueño, donde muchos de sus regidores se han visto imputados por delitos urbanísticos. Por lo que se ve puede que en Lugo haya muchas Marbella. A continuación, se hace un repaso a alguno de los expedientes más polémicos del gobierno de Valiño, que aparecen recogidos en el auto. Los repartos a dedo, supuestamente eran frecuentes.
Un polémico edificio
«Voy a acabar en Bonxe». El denominado edificio Marbella está en la avenida Terra Chá. El expediente urbanístico, por la problemática que presentaba, pudo llevar al exalcalde, a dos de sus exediles de confianza y a la secretaria a incurrir en un delito de prevaricación por omisión porque «se retardó injusta y maliciosamente la incoación del correspondiente procedimiento administrativo de reposición de legalidad».
En 2007 el promotor pidió la licencia de primera ocupación para locales y apartamentos. En el expediente hay un escrito de marzo del mismo año de la inspección urbanística de la Xunta en el que se da cuenta de la denuncia de un particular que dice no haber recibido la licencia de primera ocupación tras su petición de la obra. Pasa un año y aparece un informe de la secretaria municipal en el que consta que el promotor obtuvo licencia para construir un edificio con sótano, bajo, dos plantas y un ático para 27 viviendas y que no consta la licencia de primera ocupación, solo la petición que fue denegada en espera de que el promotor aportase más documentación. El arquitecto técnico de la mancomunidad de Terra Chá informó en 2008 que las obras se hicieron sin ajustarse a las condiciones especiales establecidas en la licencia y que es necesario incoar expediente de reposición de la legalidad urbanística. Entre tanto el vecino que denunció expone que el certificado de fin de obra es falso.
En 2009, el concello inicia el expediente de reposición y poco después, el denunciante pide que se depuren responsabilidades administrativas y penales. Según la investigación, el concello tardó dos años en notificar al afectado la apertura del expediente. En este sentido la jueza, amparándose en conversaciones telefónicas estima que Valiño, Balado, Roberto Lorenzo y la secretaria supuestamente omitieron la «debida resolución de incoación del expediente tal y como se solicitaba y el dar cuenta a las autoridades gubernativas y judiciales correspondientes». En este sentido recuerda la declaración del exalcalde quien dijo que no comunicó los hechos ni a la autoridad gubernativa ni a la fiscalía «porque ningún técnico le dijo que lo hiciera». Hay una conversación entre el exalcalde y la secretaria en la que este le dice que hay que abrir el expediente y le añade: «Voy a acabar en Bonxe por culpa de unos tíos de una Administración anterior inoperante y de un tío... pues tienen que entender que no, ni un mínimo de manchar mi expediente vital por culpa de unos incompetentes, de unos aprovechados».
«Está tocando los huevos». La jueza estima que hay indicios de que el exalcalde y los exediles llevaron a cabo una serie de actuaciones para garantizar que la adjudicación de la mejora del abastecimiento de agua potable en Loentia fuera a la empresa propiedad de la familia de la concejala Ana Canto, «obviando las prescripciones legales del procedimiento negociado sin publicad, que es el que se siguió aparentemente, evitando la presentación de ofertas más ventajosas o al menos en igualdad de competencia por parte de otras empresas y acordando con la elegida el modo de actuar para lograr el resultado».
Durante la ejecución de la obra surgieron problemas porque intentó paralizarla un agente forestal por no tener licencia de Medio Rural; sin embargo, los trabajos prosiguieron con el beneplácito del que era alcalde y de otros miembros del equipo de gobierno municipal. Hay una llamada de Ana Canto a Valiño para decirle lo que está haciendo el forestal y el exalcalde le contesta: «Está tocando los huevos y se va a enterar cuando pida la licencia para la casa que se está haciendo». En otra conversación Valiño dice, refiriéndose al guarda: «Está haciendo un edificio en Castro, le agilizamos todo lo que pudimos la licencia y ahora me viene con esta. Entonces tiene que pedir una licencia de ocupación cuando termine. Entonces yo le voy a hablar muy claro porque al PP nunca le pasaron nada y a nosotros lo hacen por una cuestión política y si se pone así, yo también me voy a poner con su licencia; yo se lo voy a decir claro, lo riguroso que estás siendo tú con esto lo voy a ser yo con tu licencia y punto».
«Hay que dársela y fuera». Otro de los contratos investigados fue el de pavimentación en la plaza García Abad, en hermanos Fernández Quintana y en la avenida de Cospeito, en Castro de Rei. Juan Valiño y Antonio Balado hablan de cómo darle los trabajos a uno de los imputados. «Lo tenía en la cabeza (refiriéndose al empresario elegido), además ahora que nos cogió a M... Hay que darle una. Hay que dársela y fuera», dice en una conversación el exregidor. Este expediente, según recoge el auto de la jueza, está plagado de presuntas irregularidades. «Es extraña la elección si se tienen en cuenta (...) los problemas que ya presenta la empresa: no acaba las obras, no incluye la mejora... con lo que no se comprende cómo se protege y defiende el interés general.
Peones y una animadora. La jueza estima que Valiño y Roberto Lorenzo posiblemente cometieron un delito de tráfico de influencias en la selección de personal, en concreto cuatro peones y un animador sociocultural. La instructora considera que un mes antes de las pruebas, el equipo de gobierno tenía decidido el resultado aunque con ello se obviaran las bases y requisitos legales».
Valiño y Lorenzo hablan sobre los trabajadores que les va a dar la Xunta y de renovar «a las tres chavalas» y a un varón. El teniente de alcalde duda con respecto a este último y el alcalde le dice «Y a (cita el nombre de otro hombre) le podemos decir que en el psiquiátrico cogemos a la prima». Lorenzo contesta: «Yo puedo responder por las chavalas, que son como tractores». «Podemos renovarles a ellas», responde Valiño. «Como veas», le contesta Lorenzo.
En otra llamada, Valiño le dice a su hombre de confianza que habló con la secretaria sobre los contratos y esta le contestó: «Ya estamos». Y Lorenzo responde: «Las chavalas no se pueden tirar, porque tienen muchos puntos». Surge el inconveninte de que «queda colgada» otra empleada y el teniente de alcalde le pregunta al regidor: «¿A quen chimpamos, a Cachimbas e a outra?».
Con relación a las contrataciones hay una llamada del alcalde a la secretaria municipal y comentan «que el otro día para los trabajadores le pidió si podía cambiar el acta» y al respecto la secretaria le dice: «están aprendiendo pronto a hacer cacicadas».
Ayuda en la Diputación. Uno de los empresarios imputados le pidió a Valiño que le echara una mano en la Diputación porque le estaban quitando obras. El regidor le sugiere que vaya a un acto en el que estará Besteiro y que se presente «porque sino estamos jodidos por mucho que se lo diga». Finalmente, con Valiño en la mesa de contratación, según el auto judicial, el empresario obtuvo una adjudicación provisional por 685.440 euros.
Crónica la lucha judicial contra la corrupción
¿A quen chimpamos a Cachimbas e a outra», preguntó un edil imputado
«Aprenden pronto a hacer cacicadas», dijo la secretaria municipal