Cuando declaró como testigo en el año 2009 ni si quiera le hicieron preguntas
09 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Argumentos, insuficientes. Esa fue una de las razones fundamentales por las que la jueza Ángela Galván no aceptó imputar a Francisco Cacharro Pardo, en el marco de la operación Muralla, siete años después de iniciada la misma. Quien se lo pedía era el fiscal jefe, Javier Rey, sin embargo su informe adolecía de fuerza, según expresaron algunas fuentes. Al parecer, únicamente se basaba en cuestiones referidas a procedimiento administrativo.
La magistrada entendió que no era de recibo volver a traer a su juzgado al ex presidente de la Diputación cuando realmente no había nada nuevo por el que interrogarle ya que la operación está prácticamente estancada desde su arranque porque sus promotores abandonaron la misma al serles encomendadas otras funciones.
Hay una situación cuando menos curiosa. El anterior fiscal pidió que Cacharro declararse como testigo. Así sucedió. El 26 de marzo de 2009 compareció en el Juzgado de Primera Instancia número 2.
Del acta literal de su declaración se desprende que el fiscal que se ocupó de asistir a la misma no planteó ninguna pregunta. En aquel momento tampoco consideró necesaria la imputación del que había sido titular del organismo provincial. El fiscal Jesús Izaguirre, que dirigió la operación, tampoco planteó citar como imputado a quien llevaba ya más de veinte años en el sillón de San Marcos. El vasco, sin embargo, dejó una larga lista de peticiones al juzgado antes de macharse de Lugo, muchas de las cuales no llegaron a ser atendidas.
Tampoco consta que los letrados que asistieron a la declaración de Cacharro como testigo hubieran preguntado. Llama también la atención que su intervención, máxime teniendo en cuenta de que se trataba de un personaje clave en toda la operación (de hecho le costó su defenestración política) se resume en menos de un folio a doble cara.
Ahora, en espera de lo que pueda decidir la Audiencia Provincial en lo que respecta al recurso presentado por el fiscal, todo apunta a que la operación va a seguir estancada otro tiempo más. A mediados del próximo mes de mayo se cumplirán siete años del inicio de la misma.
En algún momento, el fiscal va a tener que adoptar una decisión. O darle carpetazo al asunto o formular escrito de acusación y pormenorizar los delitos que imputa a las diez personas que se encuentran involucradas actualmente.
Lo que sí parece claro es que la fiscalía sacará adelante la segunda parte de la operación Muralla que nada tiene que ver con la redacción de los proyectos sino con la adjudicación presuntamente irregular de colocación de señales en la red viaria provincial a una empresa que en su momento fue investigada y que podría tener algún tipo de relación con un funcionario.