Un edificio de Ramón Cabanillas inaugura la ordenanza aprobada en el 2011
24 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los vecinos del número 14 de Ramón Cabanillas están a un paso de conseguir el ascensor por el que llevan luchando durante años. Una batalla pacífica en la que los propietarios de las diez viviendas del bloque han intentado llegar a un acuerdo económico con los dueños de los dos bajos del inmueble para que estos cedan los poco más de tres metros cuadrados que precisan para poder instalar el elevador y que hasta ahora se había saldado siempre sin acuerdo.
La cosa cambió cuando, hace dos años, la comunidad solicitó formalmente ante el Ayuntamiento el inicio del expediente administrativo de expropiación previsto en la ordenanza municipal de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles, en la que se prevé la posibilidad de enajenar el suelo necesario para instalar ascensor cuando no haya acuerdo entre los miembros de la comunidad. El expediente, que primero estuvo paralizado por la negativa de la Xunta a permitir al Ayuntamiento la expropiación de suelo fuera de las áreas de rehabilitación integral y luego por la modificación de la ordenanza en mayo y septiembre del 2011, está ahora a punto de llegar a término.
Así, el Diario Oficial de Galicia publicaba ayer la aprobación inicial por parte del concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, para la expropiación de los 3,27 metros cuadrados de los bajos necesarios para instalar el ascensor, por los que la comunidad tendrá que pagar poco más de 7.200 euros, una cantidad calculada por el perito contratado por los vecinos para elaborar el proyecto de expropiación y luego ratificada por los técnicos municipales. Un cifra, en cualquier caso, menor que la que se había llegado a poner sobre la mesa en las negociaciones previas a la incoación del procedimiento administrativo.
Ahora se abre un plazo de un mes en el que los propietarios de los bajos podrán presentar sus alegaciones a la decisión municipal, que luego tendrán que ser resueltas antes de proceder a la aprobación definitiva del proyecto. Quizá por esa provisionalidad, ambas partes prefieren de momento mantener la cautela y no entrar en demasiadas valoraciones. La abogada de la comunidad de vecinos, María Daviña, recuerda que este es el primer expediente de expropiación de locales comerciales que se tramita en la oficina municipal para la instalación de ascensores, por lo que están transitando un camino que ninguna comunidad, pero tampoco los técnicos municipales, había recorrido antes. «Vamos de la mano, porque somos los primeros», explica, para luego detallar que desde que en enero del 2012 se retomó el expediente no han parado de presentar documentación. Un camino largo y complejo pero mejor, apunta, que el que había antes: «Antes cuando te encontrabas con un bajo que se negaba a ceder suelo, solo te quedaba recurrir al juzgado», una solución que en este caso era difícil porque los vecinos «son gente mayor y sin muchos recursos económicos».
Por su parte, la dueña de uno de los bajos, donde hay una tienda de tejidos, prefiere guardar silencio hasta que se resuelvan las alegaciones, mientras el inquilino del otro, Francisco Balay, que regenta una panadería-cafetería, asegura alegrarse por los vecinos pero se lamenta de la escasa compensación que recibirá por los días que tendrá que cerrar por la obra.