Alberto Ruiz-Gallardón es un político sorprendente. Parece el hombre de las mil caras. Tras labrarse una imagen como progre de la derecha española, capaz de simpatizar con los catalanes y mostrarse comprensivo con los homosexuales, ha acabado convirtiéndose a ojos de muchos en un retrógrado que impone el tasazo en la justicia y que pretende retroceder 30 años con la reforma de la ley del aborto.
En realidad, Gallardón siempre ha tenido la misma cara. Su aspecto es el de un aplicado funcionario, como aquellos de Correos que no hace tanto te preguntaban si el sello era para la capital o para provincias; y lo hacían porque, efectivamente, España se dividía entre los de Madrid y los de provincias.
Ahora que el expresidente de la comunidad del oso y el madroño se ha convertido en ministro, la vida vuelve a ser peyorativa, e incluso decimonónica, y a poner a cada uno en su sitio: están los de la capital del Reino y luego está el resto. De ahí que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha puesto sobre la mesa pretenda dejar un solo partido judicial por provincia en todo el Estado, con las únicas excepciones de Madrid y (¡Vivan las concesiones!) Barcelona.
Alguien tendrá que explicarle a este señor que las cosas han cambiado. Que no podemos volver a la organización administrativa del siglo XIX. Que Vigo, sin ser capital de nada, es mucho más excepcional que Móstoles o L?Hospitalet de Llobregat.