La operación Rei volvió a la jueza porque el fiscal pidió 5 testigos

xosé Carreira LUGO / LA VOZ

FIRMAS

PROPIAS

El portavoz municipal del PSOE de Castro declaró ante Estela San José

01 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La operación Rei, que puso al descubierto una serie de presuntas irregularidades en todo el ámbito de contratación administrativa por parte del equipo del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castro de Rei, volvió de nuevo provisionalmente a la instructora, la jueza Estela San José. La magistrada, en el transcurso de la mañana de ayer, tomó declaración a cinco personas en calidad de testigos. Así se lo había solicitado el fiscal del caso.

Entre quienes prestaron declaración figuraba el actual portavoz socialista en la corporación municipal, Mario Saavedra. Formaba parte de la anterior corporación municipal de la que fueron imputados el alcalde, Juan José Díaz Valiño y los concejales Antonio Balado Teijeiro, Roberto Lorenzo Fernández (actual teniente de alcalde con el PP a cuyas filas regresó tras pasar por TEGA en 2007) y Ana Canto Rodríguez. Saavedra, que no tuvo dedicación exclusiva en el anterior equipo de gobierno, desempeñó como concejal de cultura.

El ascensor

Además de este edil también presentaron declaración dos técnicos de la empresa que colocó un ascensor en la casa consistorial y que fue objeto de investigación. La jueza llegó a la conclusión, después de estudiar el expediente administrativo y de analizar las conversaciones efectuadas por teléfonos que estaban intervenidos, de que el el director del proyecto y de la ejecución supuestamente certificó el final de la obra aún cuando no estaba terminada, acto que llevó a cabo tras decidirlo así el que era alcalde y Roberto Lorenzo, con el visto bueno de la secretaria municipal, que también se encuentra imputada. La instructora cree que si no fuera así, el expediente no estaría en condiciones para obtener una subvención en su día concedida y que exigía el cumplimiento de unos requisitos que presuntamente no se dieron.

Recuerda la jueza en el auto de imputación de una veintena de personas que la secretaria advirtió al alcalde que hacer el acta de recepción del ascensor resultaba arriesgado por si desde la Xunta decidían inspeccionar la instalación. «Una cosa es que mientas, que no exista la obra y otra es que vean que falta una semana para acabar», le comentó el alcalde a la funcionaria haciéndole ver que el asunto sería políticamente salvable.

En cuanto al resto de la investigación, Estela San José Asensio, refiere las «artimañas previas» para llevar a cabo las adjudicaciones de obras en el marco de dos planes del año 2009, así como también en la contratación de personal municipal.

Maniobras

El auto de imputación revela que Juan José Díaz Valiño, Antonio Balado y Roberto Lorenzo tuvieron múltiples conversaciones donde, supuestamente, se aprecian maniobras para la adjudicación de las obras. Una de ellas era decidir ellos la empresa que finalmente sería la adjudicataria e indicarle a su responsable que eligiera otras tres empresas para invitar a participar en el correspondiente concurso de adjudicación.