El constructor elegido ni tan siquiera fue capaz de presentar la documentación bien
14 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los investigadores que se ocuparon de la operación Rei detectaron situaciones insólitas en los casos de adjudicaciones, presuntamente irregulares, realizadas en el consistorio de Castro de Rei cuando gobernaba el socialista Juan José Díaz Valiño y su equipo. En ocasiones, los empresarios amigos cometían torpezas de tal calibre que ni tan siquiera eran capaces de presentar bien la documentación que les pedían para, por lo menos, simular una adjudicación limpia. Estas meteduras de pata provocaban que el alcalde o alguno de los concejales imputados tuvieran que salir del apuro como podían.
Especialmente significativo es el caso de la adjudicación de la obra de construcción del edificio para el parque municipal de maquinaria en el polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea. Según el fiscal, el 23 de febrero de 2009 el alcalde firmó un documento según el cual se abría el expediente para la realización de esta obra por un importe de 142.138 euros. Fueron invitadas tres empresas, pero ninguna de ellas presentó oferta. Dice la acusación pública que como el empresario amigo no estaba entre los aspirantes, nuevamente volvieron a cursar invitar invitaciones a las mismas empresas y en esta segunda ocasión solamente entró la oferta que presuntamente les interesaba a los acusados.
De todos modos, quien presentó la oferta cometió la torpeza de no adaptarla al pliego de condiciones con lo cual se planteaba un problema: el tiempo se echaba encima. Los investigadores pudieron comprobar como Roberto Lorenzo, el actual teniente de alcalde (ahora del PP, antes de TEGA y apoyando al alcalde socialista) y el ahora exregidor, Juan José Díaz Valiño, se pusieron en contacto con el dueño de la empresa para advertirle de la situación y la manera de arreglar el desaguisado.
Parece que el alcalde acabó cortando por lo sano. Según el fiscal, dictó el contenido del escrito que tenía que presentar antes del 20 de abril, el mismo día en el que fue decretada la adjudicación provisional. El acusador público entiende que se produjo un claro quebranto del deber de la neutralidad por parte del alcalde. La adjudicación definitiva se produjo en la junta de gobierno del 28 de abril de 2009 y el contrato de adjudicación se firmó el 4 de mayo de 2009. Al fiscal no le consta la participación delictiva en estos hechos del representante de la empresa adjudicataria de la obra.
La adjudicación de la pavimentación de la plaza García Abad, la avenida Cospeito y la calle Irmáns Fernández Quintana, en Castro de Rei, también fue objeto de investigación. La contratación fue planificada por Valiño, Roberto Lorenzo y Antonio Balado en las primeras semanas de 2009, según el fiscal que considera que la decisión no se fundamentaba en el interés público o en la mejor oferta para el municipio, sino que se debía al hecho de que el adjudicatario había contratado a una trabajadora por la que los acusados supuestamente habían mostrado interés, por haber estudiado con uno de ellos y colaborar con el PSOE.
Desde el momento de la decisión, los imputados simularon cumplir con las formalidades de la legislación y encargaron al empresario amigo que dijera las otras dos empresas a las que había que mandar las correspondientes invitaciones que exigía la normativa. Recuerda el fiscal que dichas empresas no presentaron su oferta, por lo que no llegó a existir competencia efectiva.
Un decreto de la alcaldía de 23 de febrero de 2009 dio inicio al expediente. En el mismo se decía que el procedimiento a seguir sería el de negociado sin publicidad. Los acusados Valiño, Balado y Lorenzo formaron parte del órgano de contratación constituido para el contrato.
Pero, de nuevo volvieron a plantearse problemas. El adjudicatario provisional no presentó los documentos necesarios para la adjudicación definitiva y pasó el plazo. Para superar este olvido del del interesado, Valiño y Balado se concertaron, según el fiscal, para aparentar que el empresario había presentado la documentación en tiempo y forma legales, cuando en realidad los documentos los llevó en propia mano el edil Antonio Balado y los presentó una vez finalizado el plazo.
Finalmente, la adjudicación provisional del contrato se produjo en la junta de gobierno de 13 de abril de 2009 y la definitiva el 28. El contrato fue firmado por el alcalde y el contratista el el 30. Al fiscal no le consta participación delictiva en estos hechos por parte del empresario.
Valiño, Balado y Lorenzo planeaban las adjudicaciones, según el fiscal
Un adjudicatario no llegó a presentar los papeles que le pedían en plazo