Fue precisa la intervención del delegado y el subdelegado del Gobierno
05 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La burocracia y la diferencia de criterios entre normativas del Gobierno Central y de la Xunta estuvieron a punto de permitir que el principal acusado de la operación Carioca, José Manuel García Adán, quedase en libertad sin ningún medio telemático de control. El asunto acabó llegando al delegado y al subdelegado del Gobierno quienes tuvieron que intervenir para poner fin a una situación que pasó más de ocho horas sin resolverse y el asunto moviéndose de organismo en organismo.
Una de las medidas de control dictada por la jueza, y también pedida por el fiscal, fue la colocación de una pulsera localizadora, lo que teóricamente permitiría saber la posición del imputado y si se acercaba a o no Galicia y también a mujeres que son testigos esenciales para los investigadores. No habría pasado nada si García Adán estuviese acusado de un delito de malos tratos porque en este caso bastaría con avisar al Cometa (es un centro al que Justicia tiene encomendado el dispositivo) para que la decisión judicial se llevase a cabo. Pero resulta que Adán no estaba acusado de eso, sino de un presunto delito de trata de seres humanos. De ahí arrancó una situación que algunas personas calificaron como de kafkiana.
Ni la Xunta, ni Justicia estaban por asumir la colocación de la pulsera a un hombre que podría ser más peligroso que cualquier maltratador. De hecho, la jueza considera que hay por lo menos 160 mujeres a las que no puede acercarse el que fuera dueño del Queens. Ante las negativas el asunto fue planteado a Instituciones Penitenciarias porque tiene un convenio según el cual coloca las pulseras. Sin embargo, tampoco aceptó esta entidad porque el convenio afecta única y exclusivamente a personas con condena. No era el caso de Adán.
Afloraron, además, las discrepancias legales. En Galicia, la violencia de género y la trata de seres humanos permiten la instalación de las pulseras pero todos los protocolos firmados y en vigor están amparados por la normativa estatal y esta únicamente las prevé para violencia sobre la mujeres. De ahí que en el centro Cometa dijesen que no se podía poner la pulsera. Llegó a intervenir la Subdelegación del Gobierno de Madrid, que tampoco consideraba que Adán debía llevarla.
En algún organismo plantearon que la jueza tenía que motivar la petición. También fueron informados de lo que estaban sucediendo cargos del departamento del Defensor del Pueblo. Mientras tanto, Adán seguía sin pulsera y el reloj avanzaba hacia a las 12 de la noche. A esa hora si no se la ponían, se marcharía sin ella.
A la jueza solo le quedaba la alternativa de ordenar a cientos de policías que protegiesen a las mujeres. Finalmente, la intervención del subdelegado del Gobierno de Lugo, que puso los hechos en conocimiento de su superior en Galicia, permitió resolver la sorprendente situación.