Los juristas del Estado desaconsejaron la operación «porque el que contamina paga» Era la segunda vez que el gabinete de crisis valoraba la «solución militar» para el petrolero
10 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.«Ya no se ve la P». El mensaje referido a la palabra Prestige inscrita sobre la proa del buque llegó a mitad del almuerzo de trabajo, pasadas las 13.00 horas del pasado 19 de noviembre, desde los helicópteros desplazados al lugar del hundimiento. El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compartía mesa en A Coruña con miembros del gabinete de crisis. El director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, respiró aliviado. Fue una mañana larga. El Prestige se había partido en dos a las ocho de la mañana. Casi cuatro horas después se hunde la popa. La proa se queda velando en la superficie y los técnicos que acuden a la reunión matinal en la Delegación del Gobierno para analizar el hundimiento alertan de que puede permanecer a flote por un tiempo indefinido. Fue entonces cuando surgió la propuesta: la fragata Baleares podría torpedear la proa y eliminar un peligroso obstáculo para la navegación. También se plantea colocar cargas explosivas en el casco para afectar lo menos posible a la carga. La orden de disparar Mientras ya se discutía qué ministro debía dar la orden para disparar -había serias dudas sobre quién tenía la competencia-, los abogados del Estado se pusieron a trabajar contrarreloj sobre las repercusiones judiciales de la operación. Una de las claves era asegurarse si una mitad de un barco es legalmente un buque, pero había otros factores de peso que desaconsejaban los disparos. En primer lugar, recordaron el aforismo legal de que el que contamina paga. Incluso en plena zozobra, la carga seguía teniendo un dueño que podría algún día exigir responsabilidades, pero, en cualquier caso, una decisión gubernamental de este tipo -argumentaron los juristas- implicaría directamente al Gobierno en la catástrofe ecológica, pues se podría interpretar que parte de la marea negra fue provocada por determinación administrativa. La decisión pondría incluso en riesgo las indemnizaciones del Fidac. Los directivos del fondo para compensar a los damnificados podrían considerar responsable al Estado español y demandarlo para recuperar el dinero de las indemnizaciones. Pese a todas esas contraindicaciones, Defensa estudió bombardear el buque días antes, cuando aún estaba a flote, según confesó el propio ministro, Federico Trillo. El director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, escuchó los argumentos de unos y otros. Pero decidió esperar. Propuso interrumpir la reunión para comer algo y puso gran parte de sus esperanzas en otra posibilidad. ¿Y si la proa se hunde sola? Durante el receso, comienzan a llegar noticias sobre la situación de la proa. Es evidente que el casco no permanecía estable e iba hundiéndose poco a poco. A las 13.22 horas, la proa inicia su camino hacia el fondo del Atlántico. Se acababa un problema, pero empezaba otro.