Aboga por el diálogo para centrar el reparto de competencias en la mejora de la calidad de vida del ciudadano Rechaza los «apriorismos soberanistas» en el debate de transferencias
13 oct 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El PP propone una reforma del Estatuto orientada a conquistar competencias que mejoren la calidad de vida de los gallegos frente a los «maximalismos nacionalistas». Para ello, los populares inciden en una invitación al diálogo político (obstaculizado ahora por la coyuntura preelectoral) para revisar el texto de 1981 con los únicos límites del respeto a la Constitución, el consenso y la utilidad para los ciudadanos. Así lo recoge el PP gallego en la ponencia sobre autogobierno que presentará en su duodécimo congreso, los días 22 y 23 en Santiago. El documento elaborado por el vicepresidente segundo de la Xunta, Xosé Manuel Barreiro, aproxima las tesis reformistas de los populares gallegos (que el propio Barreiro actualizó en mayo en la convención del partido) a la línea delimitada por el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, en el cónclave nacional celebrado hace dos semanas. El PPdeG, desde la defensa de un galleguismo popular, traduce ese esquema a una apuesta por un reparto competencial centrado en la utilidad ciudadana y no en «apriorismos de corte soberanista». Esta idea entronca con la reivindicación de Fraga del modelo de desarrollo autonómico gallego frente a los de País Vasco y Cataluña, ante el debate abierto por el Gobierno socialista sobre la configuración del Estado. La ponencia de mayor calado político de las cuatro que se debatirán en el cónclave reafirma, por lo demás, el discurso del PP para una revisión estatutaria en tres planos: institucional, competencial y de relaciones con otras administraciones. En lo que respecta a la demanda de nuevas competencias, los populares incluyen las 25 transferencias adicionales que figuran en la documentación que Fraga entregó a Zapatero en la Moncloa en junio pasado. En ese listado figuran competencias que el Gobierno Aznar dejó pendientes de traspaso (como formación continua, sanidad exterior y aeropuertos) y otras adicionales (como la que afecta a la puesta en marcha de la policía autonómica, con gestión directa sobre el tráfico). El PP mantiene que la reforma de la Constitución debe servir para perfeccionarla, facilitando la conversión del Senado en cámara de representación territorial. También explicita su ideario a favor de la creación de la Conferencia de Presidentes (que el Gobierno quiere convocar en noviembre) y la participación de las comunidades en el Consejo de la UE. Defiende la permanencia de la Agencia Estatal Tributaria, pero con una presencia de las comunidades en los órganos de gobierno.