La chapuza en la regulación del voto exterior ha levantado una injusta oposición a que los gallegos que residen fuera puedan participar en las elecciones
26 jun 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Ahora que eclosiona con toda majestuosidad la mayor chapuza de la ley electoral que se conoce desde la restauración democrática, empiezan a levantarse voces que se pronuncian contra el derecho al voto de los emigrantes. Las paradojas y los sinsentidos son tantos que, llevados por la vorágine, estamos a punto de perder el sentido común. Si todos aceptamos que la emigración es un hecho singular de Galicia, que ha conformado su pasado y su presente, ¿quién puede decir que los emigrantes no son gallegos? Y, si son gallegos, ¿por qué no van a poder votar como los demás? La ciudadanía gallega El primer problema con que nos encontramos es que todos sabemos quién es gallego, pero el Estatuto de Autonomía no lo tiene tan claro. Reconoce como tales a todos los residentes en Galicia (?) y a los que, habiendo residido aquí, emigraron a otros países (?). Incluso mantiene esa consideración para sus descendientes, siempre que conserven la nacionalidad española (?). No, señor Estatuto; eso no está bien. Porque significa: a) que nadie adquiere la condición de gallego por nacimiento; b) que los que se van a vivir a otros lugares de España dejan de ser gallegos, y c) que los que nunca han estado en esta tierra pueden serlo por un discutible derecho de herencia. Cuando el Estatuto se reforme empleando el sentido común, debería considerar gallegos a los que nacen y crecen en Galicia; a los que viven aquí durante al menos ¿diez años? y a los que, habiendo nacido y crecido aquí se van a cualquier lugar, incluso dentro de España. Porque, seguro que si usted se traslada a Madrid, Barcelona o Ponferrada, seguirá sintiéndose siempre gallego. Del mismo modo, la ley debería establecer que los derechos de ciudadanía gallega no se heredan desde la lejanía. Puro sentido común. La igualdad en las urnas Una vez que la ley y la razón coincidan en definir quién es gallego, todavía quedará otro asunto por resolver: cómo deben ejercer el derecho al sufragio los emigrantes. Muy sencillo: cumpliendo los tres principios básicos de cualquier voto democrático: libre, directo y secreto. Bastaría con que la ley garantizase la actualización del censo, la identificación ante la urna, y la simultaneidad en la votación. Si se tuviesen en cuenta normas tan elementales, no quedarían resquicios para chapuzas o irregularidades. Y para respetar con todas sus consecuencias el hecho singular de la emigración, no estaría de más que los residentes ausentes tuviesen su propia circunscripción electoral y eligiesen a sus propios representantes en el Parlamento. La democracia, señores legisladores, está inventada desde hace tiempo. Sólo hace falta creer en ella y defenderla en toda circunstancia, tanto cuando da votos como cuando los quita. No vaya a ser que, al final, los intereses creados aconsejen correr un tupido velo y mantener la chapuza actual. A costa, claro, del honor de los emigrantes.