Las grandes movilizaciones de este otoño caliente instauran un nuevo modelo de lucha patronal en el que siempre sale perjudicada la sociedad civil
30 oct 2005 . Actualizado a las 06:00 h.Primero fueron los transportistas, luego los armadores y ahora se anuncian las tractoradas. En este otoño caliente se están echando a la calle todos los sectores afectados por el alza del combustible. ¿Todos? Bueno, todos no, porque ningún ciudadano se libra de la escalada de precios. Pero sólo se movilizan los que pueden. Los que pueden paralizar el país y atemorizar al Gobierno. La Constitución garantiza en el artículo 28.2 el derecho a la huelga, pero lo que hemos visto hasta ahora no entra dentro de esa consideración, ya que en ninguno de los casos fueron los trabajadores y sus sindicatos los que se movilizaron, sino los patronos y autopatronos. La Constitución también garantiza el derecho al trabajo y la libertad de circulación, pero estos postulados deben de ser menores, porque ni en el caso de los transportistas ni en el de los armadores se notó que el Ejecutivo estuviese empeñado en hacerlos valer. Lo que sí hizo (hay que reconocérselo) fue negociar urgentemente y aceptar lo que pedían los movilizados. Y ahí está el problema. O el Gobierno ha cometido un grave error de insensibilidad social y soberbia política, por no haber atendido antes del conflicto reclamaciones justas, o se ha dejado vencer por el miedo y ha aceptado claudicar en una negociación bajo presión. Sea una u otra la explicación, el efecto es el mismo. Los que salen peor parados son siempre los ciudadanos, ya que es a ellos a quienes les toca sufrir las consecuencias y pagar la factura. Y se ha creado la sensación de que, para ser oído, lo importante no es tener demandas justas, sino capacidad de paralizar el país. Con ello se acaba de inventar el derecho de bloqueo, que resuelve en horas lo que de otro modo puede durar años. Lo malo es que mientras los patronos arreglan sus problemas de este modo, los asalariados del camión y los marineros siguen sometidos a condiciones de explotación que nadie escucha.