Los políticos y los padres deberían saber que si embriagarse es un error de consecuencias nefastas, no lo es menos convertir el botellón en un crimen
19 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Los jóvenes, por definición, siempre han sido transgresores. A los padres de los actuales no les gustaba el mundo que habían heredado y se dedicaban a correr delante de la policía y a volverse locos con la música más ruidosa que se hubiese conocido jamás. A los de ahora tampoco les gusta demasiado el mundo que les hemos preparado y buscan otras vías de escape. De sus hijos. Los muchachos que estos fines de semana se retan a batir récords de participación en los macrobotellones no son seres extraños llegados del exterior, sino los mismos chavales que pasan el resto de la semana estudiando, trabajando... o en el paro. ¿Por qué se comportan así si la mayoría son buenos chicos, aunque a veces se resistan a limpiar su habitación? Porque los jóvenes, generación tras generación, siempre se colocan al límite de lo permitido. Porque es la edad del mimetismo con el grupo. Porque es el tiempo de la fiesta y del exceso. Y porque, para volar solo, se impone desobedecer a los mayores. En muchos aspectos, gracias a la rebeldía de la juventud la sociedad avanza. Pero también por culpa de esa rebeldía muchos se quedan en la cuneta, abandonados por sus compañeros y por sus mayores. Ese es el riesgo de la forma de diversión que han elegido. Nadie con un poco de sentido común puede considerar que la hermosa palabra fiesta sea sinónima de alcohol o borrachera. En eso se equivocan los aficionados al botellón. Como se equivocan, por cierto, los que vociferan insultos en los estadios de fútbol o los mayores que se emborrachan en grupo o en solitario en los bares y en los clubes de carretera. Pero si embriagarse es un error, no lo es menos convertir el botellón en un crimen. En primer lugar, porque uno de los principios inviolables de las sociedades democráticas es el derecho de reunión. Y, como saben los juristas, el único límite que se le puede poner a un derecho es otro derecho. Así que nadie puede prohibir a los jóvenes que se reúnan, aunque sí que perturben el descanso de los demás, que destrocen el mobiliario urbano o que tiren papeles al suelo. Los políticos y los padres deberían reparar en que elegir la vía de la prohibición tiene un inconveniente: no servirá para detener el fenómeno, sino para exacerbarlo. Lo que hasta ahora ha sido una concesión al buen rollo pasará a ser la manifestación de un conflicto generacional. E irá a más. Saltará de la reunión pacífica a la violencia callejera. En realidad, la única vía que puede ofrecer resultados sólidos es la persuasión. Pero es mucho más costosa, porque obliga a implicarse y a no dimitir de la obligación de ser padres, que es, quizá, el mayor problema de la generación adulta actual. Por tanto, así las cosas, parece más inteligente... dejar la fiesta en paz.