La posición de la mayoría de las afectados por la marea negra contrasta con la estrategia legal que va a seguir Nunca Máis, cuyos abogados presentaron la querella por la que permanece imputado en la causa el ex director de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Ante el final de la instrucción, los representantes legales de la plataforma ciudadana han presentado un escrito en el juzgado de Corcubión en el que concluyen que de las actuaciones practicadas se desprende que existen «indicios claros da naturaleza delictiva dos feitos e da participación nos mesmos dos imputados [López Sors y el capitán Apostolos Mangouras]».
En sus alegaciones, los abogados de Nunca Máis mantienen su posición inicial consistente en que la decisión de alejar el barco «e a súa navegación errática foron a causa do incremento do verquido, da ampliación da área do litoral contaminada e dos danos causados á práctica totalidade dos espazos naturais protexidos de Galicia, entre eles o Parque Nacional Illas Atlánticas».
En este sentido, como ha reconocido él mismo en su declaración judicial como imputado, López Sors sería la persona que tomó la decisión de alejar el barco, aunque en opinión de Nunca Máis lo hizo sin calibrar otras opciones -como el refugio- y sin «unha valoración minimamente rigorosa e técnica da situación». Es más, consideran que la orden de enviar el buque a alta mar se habría tomado el mismo día del accidente, a pesar de que la Abogacía del Estado defiende que la decisión se tomó el 14 de noviembre.
Refugio en Corcubión
Sostienen que, en línea con lo propuesto por su propio perito, Felipe Louzán, la solución técnica más apropiada para gestionar el accidente era refugiar el petrolero en el seno de Corcubión, un lugar con el que coincide el técnico nombrado por el juzgado para la pericial de navegación, el capitán Fernández Hermida.
Los abogados dudan de que durante las primeras horas del accidente ya se hubieran vertido 20.000 toneladas y solicitan al otro perito -el ingeniero naval Martín Criado- que explique mejor su cálculo. En su opinión, la Administración española «desentendeuse totalmente da xestión do buque e da súa carga, que pasaron a mans dunha empresa privada».