El amiguismo condicionó la política laboral de las Administraciones en manos del PP a finales de los noventa. Hoy el protagonista ha cambiado: el BNG, que antes denunciaba
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La contratación a la carta puesta en marcha por las áreas que gestiona el BNG en el bipartito -el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente del departamento de Vicepresidencia, y la Consellería do Medio Rural- ha vuelto a poner de relieve, a escasos días de las elecciones autonómicas del 1 de marzo, comportamientos de nepotismo. El Bloque, entonces denunciante de las contrataciones irregulares, está acusado hoy por los sindicatos de hacer en el Gobierno lo que antes reprobaba desde la oposición.
En la segunda mitad de la década de los años noventa el amiguismo que imperaba en las políticas laborales de las Administraciones en manos del PP desató varios escándalos. Los que siguen son algunos casos de los que La Voz se ocupó largamente en sus páginas.
La Diputación de Ourense, pero también las de Lugo y Pontevedra -bajo los auspicios de José Luis Baltar, Francisco Cacharro y Rafael Louzán, respectivamente-, protagonizaron muchos de aquellos affaires. Las fuerzas de la oposición llegaron a identificar en 1998 más de ochenta trabajadores en la Diputación ourensana como vinculados al Partido Popular. Baltar estrechaba el nexo hasta llevarlo al seno de su familia -con dos nueras en nómina- y lo hacía extensivo a los parientes de sus correligionarios más leales. Tres hijos y una nuera del secretario, y la hija y el yerno del tesorero, por ejemplo; a los que se sumaban concejales y alcaldes de los distintos municipios ourensanos controlados por el poderoso barón popular.
Las oposiciones son quizá el mecanismo que más se acerca al ideal de justicia. Sin embargo, las convocatorias muchas veces han estado en el punto de mira, bajo la sombra del «amaño». PSOE y BNG denunciaban en 1996 la existencia de «recomendaciones» y «enchufismo» tras la aprobación de las bases -solo faltaba poner nombre y apellidos a algunos puestos, ironizaba los partidos entonces en la oposición- para cubrir 36 plazas vacantes en el Concello de Pontevedra, al frente de cuyo ejecutivo se hallaba el popular Juan Luis Pedrosa.
El 24 de enero de 1997 el Bloque presentó una querella criminal en el juzgado contra el entonces miembro destacado del PP y alcalde de Ponteareas, José Castro, acusándolo de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por la contratación de 60 empleados municipales. El portavoz municipal nacionalista, Roberto Mera, denunció que no había habido oferta pública ni concurso ni oposición. Los 60 -argumentaba además el hoy miembro de la ejecutiva nacional del BNG- tenían alguna vinculación familiar o política con los miembros del gobierno local ponteareano.
También el Bloque, de la mano del diputado Alfredo Suárez Canal, llevó en 1998 al Parlamento gallego las oposiciones realizadas por la Diputación de Ourense, uno de los casos más sonados. La selección, alegaba el hoy conselleiro de Medio Rural, se había ejecutado por criterios puramente políticos, y dejando al margen todo aspecto profesional, por lo que reclamaba la creación de una comisión que investigase el proceso y, sobre todo, la repetición de las pruebas. El Bloque facilitó una lista con 117 contratados vía Inem después de las elecciones autonómicas que, según palabras del diputado Manuel Conde, eran «persoas que dependen directamente da vontade exclusiva de Baltar». El Consello de Contas detectó irregularidades en la gestión de Baltar y el PSOE instó a la Xunta a abrir una investigación parlamentaria para que posteriormente acudiese a los tribunales.
«Corrupción»
Al hilo de esta polémica, el entonces portavoz nacionalista en la Diputación lucense, el ahora conselleiro de Industria, Fernando Blanco, creyó llegado «o momento para abrir un debate sobre o grado de corrupción que hai nas deputacións», que, aseguró, son entidades que solo sirven «para colocar amigos e premiar ou castigar aos alcaldes en función da súa fidelidade».
El hijo del entonces presidente de la Diputación lucense, Francisco Cacharro Pardo, juzgó un hecho casual que las cuatro mejores calificaciones para las plazas ourensanas correspondiesen a hijos de cargos del PP.
El propio Fraga minimizó la importancia de «los cien casitos» -«microcorrupción», matizó días después- que insistía en airear el BNG, frente a la corrupción del PSOE detectada en los casos Roldán o Filesa.
Semanas después la CIG denunció que altos cargos de la Xunta de Fraga -conselleiros y directores xerais- habían colocado a dedo a más de 200 personas. De inmediato el sindicato nacionalista llevó nueve de estos contratos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.