La Diputación ourensana, presidida por José Luis Baltar, es la mayor «empresa» de la provincia de Ourense por número de empleados. Tiene en torno a mil trabajadores entre fijos y temporales. Al menos 74 de ellos iban como candidatos del Partido Popular en las elecciones municipales del 2007. Esta circunstancia provocó ayer las críticas públicas del PSOE, cuyo secretario provincial, Eladio Fernández, acusó a Baltar de hacer uso de la institución para pagar favores políticos.
El PSOE entregó ayer el listado de los 74 beneficiarios de esta política de contratación a los medios de comunicación, y entre ellos están concejales de la capital como Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa o de O Carballiño como Roberto Ameijeiras Toro, que además es coordinador provincial de Nuevas Generaciones. La mayor parte de los afectados, según reconocieron los socialistas, consiguieron su plaza en un proceso público y en apariencia legal, pero los tribunales de contratación están plagados también de cargos del Partido Popular o de sus familiares. «Isto adultera a ecuánime contratación de persoal», afirmó Eladio Fernández.
Entre los componentes sospechosos de los citados tribunales estarían, según el PSOE, el hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez; el hijo del ex alcalde de San Amaro Manuel Valentín Pérez; el concejal de Esgos Manuel Ángel Rodríguez; el ex alcalde de Nogueira de Ramuín José Eugenio Galindo; el ex presidente de Nuevas Generaciones Carlos Castiñeiras, o la esposa del cabeza de lista del PP en O Carballiño, Montserrat Rodríguez.
Medidas
Las dudas que suscita la política de contratación de la Diputación Provincial de Ourense son denunciadas reiteradamente por la oposición. Hace unas semanas, de hecho, se iniciaron las pruebas para cubrir 58 plazas y entre los aprobados se encontraban hijos de alcaldes como Carlos Vila Enríquez, del de Xinzo de Limia. También se denunció recientemente, por ejemplo, que la Diputación disponía de 33 porteros en plantilla para atender dos puertas.
Ante esta situación, el PSOE ha anunciado la presentación de una moción con un punto único, la solicitud de creación de una comisión de investigación. Adelantándose a un previsible rechazo a esta iniciativa, el socialista Eladio Fernández advirtió ayer de que el partido someterá a un control exhaustivo todas las contrataciones de la institución provincial y dijo que ante cualquier irregularidad que detecte acudirán al juzgado.