Hasta el momento, el desbordamiento que están experimentando algunos equipos de delitos urbanísticos de la Guardia Civil en Galicia no ha supuesto la paralización de ninguna investigación en curso. Pero eso sí, han repercutido en algunas diligencias abiertas a instancias de algún fiscal.
En este sentido, Carlos Varela precisó que el ministerio público, a la hora de abordar una investigación de oficio o a raíz de una denuncia, dispone de un plazo concreto de seis meses. Ese es el tiempo en el que se considera que debe haber cerrado la investigación, para lo que son vitales los informes elaborados al respecto por la policía judicial.
Sin embargo, tal y como también reconoció el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en la memoria anual del ministerio público, se han visto obligados a «remitir las diligencias al juzgado, aún sin los informes requeridos, porque el plazo [...] estaba próximo a cumplirse».
Sobre esta cuestión, ayer, Carlos Varela fue más allá al lamentar que «algunhas veces non se puido facer a investigación nese prazo perentorio e polo tanto houbo que xudicializar».
Esto provoca que el caso abierto sea asumido por un juzgado de instrucción, quien tendrán que continuar «coas súas investigacións». Al respecto, el fiscal superior de Galicia subrayó que los juzgados están menos limitados por estos plazos de tiempo a la hora de abordar una investigación.
No obstante, dejó claro que «gustaríanos levar ao xulgado unha investigación moito máis elaborada, que pola vixencia desde prazo perentorio non foi posible».
Tres agentes
Cada equipo provincial dedicado a este tipo de delitos está compuesto por tres agentes, un hecho que se agrava si se tiene en cuenta la presión urbanística que actualmente existe en A Coruña y Pontevedra, provincia que solo el año pasado contabilizó 76 diligencias de investigación incoadas, algunas de las cuales tuvieron su origen en el 2007.
Este hecho ha provocado que en las Rías Baixas se haya optado en determinados casos a que el equipo especializado de la Guardia Civil cediese nuevamente varias de las investigaciones en marcha al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».
Ante esta realidad, Juan Carlos Aladro califica como «imprescindible» dotar a estos equipos y al Seprona de «más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación» de los casos.