El caso de la trama de los burdeles viene a sumarse a los que están abiertos y que tienen pocos avances, como la operación Muralla, las multas y los carnés chinos
24 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Mucho humo y poco fuego. Ese puede ser el resumen de las numerosas operaciones desarrolladas últimamente en la capital lucense contra la corrupción y en las cuales se han visto incluso involucrados cuerpos de seguridad como la Guardia Civil (trama de los burdeles) y la Policía Local (multas), así como también organismos como la Jefatura Provincial de Tráfico.
Desde que a mediados de los años noventa el inspector de policía lucense Antonio Nieto y sus colaboradores desmantelaron los clubes de alterne de Pandora, lo que supuso poder sentar a esta en el banquillo y a su equipo, prácticamente ninguna de las grandes acciones realizadas en Lugo llegó a tener una resolución. El caso de Pandora dormía en los cajones de la Justicia hasta que llegó a Lugo el fiscal Jesús García Calderón, actualmente responsable de la Fiscalía de Andalucía.
Con anterioridad había quedado aparcado, porque caducó, otro caso de gran calado: el relacionado con los terrenos de As Saamasas donde hoy se ubica un hipermercado. También prescribió y quedó sin respuesta penal la trama de los seguros de coches -entrega de pólizas falsas- que, en su momento, salpicó a numerosas personas.
La desactivación de una red de introducción en España de vehículos robados en diferentes puntos de Europa únicamente se resolvió en parte. En definitiva, los ejemplos de asuntos en vía muerta se acumulan. Algunos tardarán, con suerte, unos diez años en despacharse si no llegan a caducar antes.
Según los señalamientos de vistas en los distintos órganos judiciales penales, únicamente van saliendo asuntos de menor trascendencia mediática y pública como es el caso de hurtos, alcoholemias y malos tratos.
Burdeles y multas
La trama de los burdeles puede que se alargue en el tiempo. De hecho, el caso del sobreseimiento presuntamente irregular de las multas, que supuso la dimisión del subdelegado del Gobierno y el cese del jefe provincial de Tráfico, cumple ahora un año de tramitaciones. De todos modos hay que tener en cuenta que, de todos los operativos relevantes puestos en marcha en los últimos tiempos, solo hay encarcelados en el relacionado con los clubes de alterne, lo cual parece aconsejar una actuación con más premura.
Otro asunto que anda dando bandazos es el relativo a la supuesta concesión ilícita de carnés de conducir a ciudadanos chinos. La Fiscalía ni tan siquiera llegó a acudir a las declaraciones que en su día presentaron testigos clave cuando fueron llamados por el juez que se ocupa del caso, y que momentáneamente acabó archivándolo.
Pero la madre de todos los asuntos es la operación Muralla. Pasaron ya tres años y medio de la entrada y registro en la Diputación por parte del fiscal Jesús Izaguirre, y del asunto poco más se supo. Los numerosos detenidos por el caso relativo a la concesión de redacción de proyectos a un mismo despacho y la adjudicación de la colocación de señales en carreteras provinciales a la misma empresa ven cómo pasa el tiempo y continúan imputados.
La pasividad de la Fiscalía en este asunto también es evidente. El fiscal que se ocupó de la investigación se fue a Vitoria; su sucesor aparentemente no movió ficha y de lo que hace el actual representante del Ministerio Público nada se sabe.
A nadie se le escapa que muchos trámites judiciales son lentos y complicados, sin embargo es difícil de entender cómo tres años y medio después de realizada, la operación Muralla apenas ha visto novedades.