La Xunta destaca el valor ejemplarizante de la sentencia y alega que actuará en ese expediente igual que en otros
22 abr 2010 . Actualizado a las 10:53 h.La demolición de 52 chalés adosados en O Grove ordenada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística lleva camino de convertirse en el anticipo de una noticia cuya concreción práctica puede demorarse varios años. La intención de la promotora que realizó la obra, Inproin Galicia, de recurrir la decisión administrativa en la tribunales implicará la paralización del plazo legal de tres meses para ejecutar la resolución, con lo que la aplicación efectiva de la piqueta quedará supeditada a la salida de un proceloso periplo judicial.
El caso de la urbanización de Raeiros se sumará así a los de las torres Ifer, el proyecto Finca do Conde o del edificio O Piricoto, tres ejemplos de construcciones sobre las que pesa orden de demolición desde hace años y para los que siguen buscando una posible legalización. Pero, además de estos casos en Vigo, hay otros concellos con situaciones similares pendientes, como A Coruña (edificio Conde de Fenosa), Ourense, Viveiro, Ribadeo, Sanxenxo o A Guarda.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aseguró ayer que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística actuará en el expediente de derribo de O Grove, dictado en la etapa de Hipólito Pérez en la dirección, igual que en los demás abiertos por ese organismo. Advirtió que, si la empresa no cumple la orden, se le impondrán multas coercitivas, y que, en último caso, será la propia Administración la encargada de ejecutar el derribo de forma subsidiaria. Hernández defendió la orden como «exemplo para que ninguén actúe fóra da normativa», pero señaló el derecho de los ciudadanos a defenderse.
El Concello pone la pelota en el tejado de la Xunta, porque la obra tenía licencia autonómica y está en suelo rústico.