El caso de la agente electoral del PSOE gallego estalló a principios del año 2008, en el marco de la precampaña de las generales, a raíz de una denuncia del secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, en la que acusó a los socialistas de poner fondos y viajes de las Administración autonómica a disposición de María Isabel Blanco con el objetivo de captar votos para el PSOE entre los emigrantes en Argentina durante las elecciones municipales del 2007. La propia Isabel Blanco acabó reconociendo públicamente la denuncia hecha por los populares, señalando además que la remuneración que recibió por sus servicios de agente electoral se canalizó a través de un contrato suscrito con la Asociación de Viticultores O Castro, por intermediación del sindicato Unións Agrarias, que se financió con una subvención para la promoción de empleo concedida por la Consellería de Traballo, al frente de la que estaba el ahora diputado Ricardo Varela. El estallido de este caso generó una auténtica tormenta política en pleno debate sobre la limpieza del voto emigrante, poniendo contra las cuerdas al Gobierno que lideraba Emilio Pérez Touriño. De hecho, el entonces conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, abrió una investigación interna para esclarecer este asunto, mientras el PP reclamó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento para ir al fondo de la cuestión. El grueso de los trabajos de la comisión parlamentaria se llevó a cabo en los meses de abril y mayo del 2008. Buena parte de los implicados en este asunto pasaron por la tribuna de comparecientes de la Cámara para dar sus testimonios, pero las conclusiones finales se aprobaron sin que se fijaran responsabilidades políticas, lo que provocó algún que otro desencuentro entre los socios del bipartito, el PSOE y el BNG. La insatisfacción con las conclusiones llevó al PP a judicializar el caso. El Juzgado de Corcubión se encarga en estos momentos de la instrucción.