De las banderas que izó el bipartito en su corta etapa en el Gobierno de la Xunta ya no queda ni una ondeando. Durante su primer año, Feijoo ha ido reemplazando una a una en aras de una mejor gestión. Y una de las últimas en plegarse ha sido la del Consorcio de Igualdade e Benestar.
Quintana lo exhibió como un emblema de modernidad, como una creación propia, como una fórmula jurídica que quería romper con un modelo clientelar, en el que la Xunta y los concellos se relacionaban mejor o peor en función de su color político. El Consorcio, que actualmente integra a 267 ayuntamientos y a 4 mancomunidades, buscaba así coordinar las políticas sociales con los concellos, en toda Galicia, dándole voz a los municipios y trazando un diseño de cada inversión más acorde a las necesidades de cada territorio.
De hecho, en su filosofía, esa ha sido una de las cosas que han destacado los propios ayuntamientos. Pero las acontecimientos discurrieron luego por otros cauces. Los ayuntamientos tuvieron menos peso del que realmente se presuponía. Y el Consorcio tuvo más relevancia por sus escándalos internos que por sus logros en la gestión. Los sindicatos acusaron a Quintana de crear una red clientelar en torno al ente y de colocar a sus afines en los nuevos puestos que se crearon.
En vísperas de las pasadas autonómicas, el ex vicepresidente sacó una oferta de empleo para consolidar a 338 trabajadores eventuales, lo que desató duras críticas. Incluso en sindicalistas de la propia CIG, que acusaron al BNG en la Xunta de saltarse las normas más elementales de la función pública para colocar a su gente con una oposición que era un traje a medida para los que ya estaban dentro. Esa denuncia la avaló un informe jurídico encargado por la propia Dirección Xeral de Función Pública y, hace poco, el propio Consello Consultivo, que ha concluido que las bases son nulas por conculcar derechos fundamentales, como los de igualdad, mérito y capacidad. Aquella polémica contribuyó a tapar algunos logros del Consorcio en la mejora de dotaciones en infraestructuras sociales, como escuelas infantiles y centros de día. Otros avances solo fueron de palabra, y a muchos alcaldes se les prometió un centro de mayores mediante convenio, pero sin dotación presupuestaria.