A Juan José Martín, hijo de un juez de paz y secretario judicial de profesión, como director xeral de Xustiza le ha tocado poner en marcha la nueva oficina judicial. A su mesa de trabajo llegan a diario las múltiples incidencias que se plantean en los juzgados gallegos desde la puesta en marcha de las reformas procesales necesarias para su implantación.
-¿Cómo están las cosas dos semanas después de la entrada en vigor de las reformas?
-La nueva organización de los juzgados es un proceso que va a durar años. Todo esto arranca con la primera conferencia sectorial celebrada en el Hostal dos Reis Católicos en 1999. En el 2003 se crea el marco legal, pero la reforma no llegó hasta el 2009. Se aprobó en noviembre y se dio un plazo de seis meses para ponerla en funcionamiento. A partir de ahí, las comunidades tienen necesidades distintas. Lo primero que hubo que hacer fue adaptar los formularios al nuevo marco legal. De eso se encargaron el ministerio y el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Luego hubo que implementar todo eso en una aplicación informática. Ahí empezaron los problemas.
-¿Agobiado?
-Todos los días me mandan un parte de incidencias. Unas las hemos ido resolviendo nosotros aquí con nuestros técnicos y otras solo las podrá resolver Madrid porque nosotros no disponemos de las fuentes del programa. Somos dependientes del ministerio.
-El nuevo modelo incluye unidades técnicas de apoyo con informáticos. ¿Por qué no funcionan?
-El programa nos llegó el 28 de abril y hubo que instalarlo en 50 servidores. Somos dependientes. No se trata de echarle la culpa a Madrid, pero esta es la realidad.
-Una de las principales novedades es la creación de los servicios comunes, uno de ordenación o tramitación del proceso y otro de ejecución. ¿Para cuándo?
-Está contemplado en el plan estratégico, ya se ha negociado con los sindicatos y se ha aprobado por decreto, pero no será viable hasta que no sea realidad el expediente digital.
-¿Y cuándo habrá expediente digital?
-La fecha hipotética que barajaba el Consejo del Poder Judicial en la reunión del 20 de abril es diciembre del 2013.
-Muy optimistas, ¿no?
-Creo que sí. Dependerá mucho del proyecto Esquema Judicial de Interoperatividad y Seguridad (EJIS), que pretende lograr en tres años la interconexión entre los sistemas de las distintas comunidades.
-¿Cuándo será realidad la firma electrónica en todos los juzgados gallegos?
-El proyecto de implantación se comenzó en A Coruña, Vigo y Santiago. Encontramos cierta resistencia de los funcionarios a aceptar las tarjetas personales. Se hará con cargo al proyecto Red.es, con financiación al 50 % entre la Administración central y la autonómica. Se generalizará en tres años.
-¿Dónde piensan meter los servicios comunes, se harán nuevas sedes judiciales o reformarán las actuales?
-Hay reformas previstas. En A Coruña, por ejemplo, ya hemos sacado a licitación las obras de reforma de los actuales juzgados, a las que se han presentado 45 empresas, y la Audiencia se irá a la antigua fábrica de tabacos. La idea es que donde se puedan hacer reformas se harán y se agruparán físicamente los funcionarios, pero eso no es lo prioritario. Lo importante es que los funcionarios adscritos a cada servicio estén unidos telemáticamente. El nuevo esquema se implantará en los edificios de nueva planta cuando se construyan.
-¿Cómo van a afectar los recortes presupuestarios impuestos por la crisis a los plazos iniciales de implantación de esta reforma?
-El 4 de mayo era la fecha de comienzo , no la finalización de la reforma. Siendo realistas, pienso que vamos a necesitar dos legislaturas. Nosotros queremos tener unidades piloto en el 2013 con los servicios comunes de ordenación y ejecución. Todo va a depender mucho de cómo avancen las negociaciones con los sindicatos para la reordenación y valoración de los puestos de trabajo.
-¿Sobra o falta personal en los juzgados?
-Depende. Las secciones civiles de las audiencias, por ejemplo, están infladas de gente. Tienen la misma que tenían antes de la reforma procesal del 2001. Aprovecharemos para reubicar funcionarios, pero no se van a amortizar plazas.
-¿Y jueces?
-El año pasado, el Tribunal Superior cifró las necesidades en 45 nuevas unidades judiciales. Este vamos a cubrir un tercio de esas necesidades. Hacen falta más jueces que juzgados. Eso se puede resolver con más jueces de adscripción territorial.
-Los jueces dependen del CGPJ, los secretarios del ministerio, los funcionarios y los medios materiales de la Xunta. ¿Tiene razón de ser tal dispersión de competencias?
-Es evidente que no es lo más operativo y funcional. No es menos cierto que la capacidad real de gestión de las competencias que tenemos es relativa. Temas como las ofertas de empleo público y los concursos de traslados, nosotros podemos proponer desde aquí, pero los tiene que aprobar Madrid. Si constitucionalmente el poder judicial es único en todo el Estado, lo deseable sería que, al menos, las aplicaciones informáticas fueran las mismas para todos.