La instructora mantiene la investigación abierta para determinar un posible caso de sobreseimiento irregular de sanciones en este cuerpo policial.
01 jul 2010 . Actualizado a las 15:37 h.La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo ha retirado la condición de imputado a un policía local de Lugo, Jesús Candal, por lo que quedará como testigo en la investigación abierta para determinar un posible caso de sobreseimiento irregular de sanciones en este cuerpo policial.
Según informan a EFE fuentes del caso, se trata de la primera situación en la que la instructora retira la imputación tras la declaración que prestó el agente.
El funcionario policial ahora sin imputación es un delegado de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que también pidió a la jueza que abriera la página Web municipal en la que se especifican las responsabilidades que tiene el director general de la Policía Local como responsable de la unidad de sanciones.
Este mismo agente entregó un soporte informático para demostrar que desde el sindicato al que pertenece ya se había advertido a los actuales responsables de la Policía Local de que era necesario seguir el mismo procedimiento que la Guardia Civil con el control de los expedientes sancionadores.
Según las mismas fuentes, en la Guardia Civil con cada sanción se abre un expediente, en tanto que en la Policía Local tan sólo se hacía si el boletín de multa llegaba a la unidad de sanciones.
En el transcurso de esta mañana también prestó declaración otro agente para aclarar cuestiones relacionadas con algunas sanciones que aparecen en el sumario y que por error se habían atribuido a otro policía.
Operación Carioca
Además, tendrá que declarar un inspector de este mismo cuerpo que fue trasladado hasta el juzgado desde el centro penitenciario de Monterroso, donde se encuentra encarcelado por su presunta implicación en la operación Carioca, abierta para esclarecer una trama supuestamente vinculada con delitos de prostitución.
Por este juzgado ya pasaron una veintena de agentes, -están inicialmente imputados 77-, quienes declararon por un presunto delito de tráfico de influencias, excepto en el caso de quien ostentó la responsabilidad de la unidad de sanciones, que también lo hizo por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental
Un registro en las dependencias policiales y escuchas telefónicas posteriores pusieron sobre la pista a la jueza de la existencia de posibles irregularidades.