El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer los objetivos de estabilidad presupuestaria de cada autonomía para el período 2011-2013. Según lo acordado por unanimidad, cada comunidad podrá incurrir en un déficit del 1,3% en el 2011 y el 2012 y del 1,1% en el 2013, siempre que presenten o actualicen sus planes económico-financieros. Las medidas incluidas en esos planes deberán ser consideradas idóneas por el CPFF y, en el caso de que alguna autonomía no cumpliera esos requisitos, su objetivo de estabilidad presupuestaria se ajustaría al límite estipulado en la ley presupuestaria: el 0,75% del PIB regional en el 2011 y equilibrio presupuestario en los ejercicios del 2012 y el 2013.
El objetivo de déficit asumido por cada autonomía es en realidad el que el Ejecutivo ya había presentado para el conjunto de las comunidades hace tres meses. A pesar de que todas las autonomías votaron favorablemente a la propuesta, la reunión no estuvo exenta de polémica.
Contención del gasto
El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, reclamó al Gobierno la adopción de medidas financieras de impacto que permitan a las comunidades cumplir con el objetivo de estabilidad. Entre esas medidas no descartó la posibilidad de que los ciudadanos deban pagar una parte de la prestación de servicios básicos que en este momento son gratuitos. Varias comunidades, entre ellas Galicia, se sumaron a la exigencia al Gobierno de que presentara un plan de medidas económicas de impacto ante el CPFF. La respuesta del Ejecutivo, que se había comprometido, según la conselleira Marta Fernández Currás, a trasladar las propuestas del grupo de trabajo creado para ese fin, fue trasladar el estudio de esas posibles actuaciones a los grupos sectoriales, algo que disgustó a la mayoría de las comunidades, ya que esos grupos tienen menor rango que el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante la reunión, la Xunta exigió medidas de contención del gasto público que permitan a las autonomías cumplir los objetivos de déficit asumidos.
Casi todas las comunidades, incluidas las socialistas, se mostraron críticas con los planteamientos del Gobierno. La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, reclamó que el objetivo del déficit fuera «individualizado» para cada región, ya que Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media, un planteamiento similar al que hizo el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco.