Corría julio del 2007 cuando el entonces conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal (BNG), decidió adoptar, a propósito de los incendios forestales, una política de «contención» informativa, aduciendo que la difusión masiva de datos practicada hasta la fecha desde su gabinete de prensa podría inducir a los incendiarios a actuar, según los expertos y el propio fiscal. El en aquella época presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño (PSOE), aplaudió públicamente el cambio de proceder, mientras que el número dos del PP gallego, Alfonso Rueda, lo calificó de «estratexia peregrina» e «improvisación baseada no escurantismo». Hoy, con los populares ya de regreso en el poder y los antiguos socios del bipartito devueltos a la oposición, los tres partidos defienden en este asunto justamente lo contrario. Esgrimiendo «temor ao efecto contaxio» que, a su juicio, provocaría entre los incendiarios una «excesiva» publicación de cifras, el actual responsable de la lucha contra el fuego, Samuel Juárez, ha ordenado a su equipo que, como había hecho su antecesor nacionalista después de aquel 2006 nefasto para la Galicia verde, aguarde a octubre, hasta el final de la campaña de verano, para facilitar balances de superficies calcinadas. Además, repitiendo pautas del 2009, lo ha instado a que regularmente solo emita comunicados sobre siniestros «de certa relevancia». Lo cual, entiende él, no significa que el Gobierno «oculte nada». De hecho, el propio Alberto Núñez Feijoo garantizó ayer que, acabada la etapa de riesgo, todas las incidencias ocurridas durante la misma se explicarán «hectárea por hectárea». Horas antes, la diputada socialista Silvia Fraga había exigido «máis transparencia» y menos «escurantismo» de un Ejecutivo al cual el Bloque ya había acusado de «voltar aos tempos da censura, da manipulación e do filtro informativo», algo «extremadamente grave». Entretanto, la parlamentaria nacionalista Tereixa Paz, añorando la era Suárez Canal, demandaba del conselleiro Juárez datos «veraces e fehacientes».