Caballero renuncia a un último recurso para ejecutar la medida en vísperas de las elecciones municipales
11 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El alcalde vigués ha decidido dar la campanada en materia de legalidad urbanística. Renunciando a utilizar un último cartucho ante el Tribunal Superior de Xustiza, Caballero ha optado por la vía del rigor a pocos meses de las elecciones municipales. De esta forma, si nada se tuerce en la hoja de ruta elaborada por el concejal de Urbanismo, en el mes de febrero la piqueta derribará cinco edificios situados en primera línea de playa en Samil.
La decisión final fue anunciada ayer por el socialista José Mariño, persona de confianza de Caballero. El responsable de Urbanismo enmarcó la decisión en la imposibilidad de legalizar estos inmuebles y «en la voluntad de este gobierno de no mirar para otro lado, como se ha hecho casi siempre en el Concello, y demostrar que todos tienen que respetar la legalidad urbanística. Se derriban muros, se derriban viviendas unifamiliares y ahora le toca a edificios en altura», precisó.
El plan de Urbanismo contempla renunciar a presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior, cuyo plazo ya ha concluido. A partir de ahora entra en juego la gerencia de Urbanismo, cuyos técnicos deberán elaborar en quince días un proyecto de demolición. El Concello ha optado por esta vía en lugar de contratar su redacción para agilizar los plazos.
Posteriormente le tocará el turno a la contratación de la demolición y, en paralelo, se gestionará el corte de los servicios en los cinco edificios. La fecha tope que Urbanismo dará a las empresas que suministran agua y luz es el 29 de enero del 2011. A partir de entonces se producirá el desalojo para ejecutar la demolición.
Según Mariño, el Concello ha optado por no alargar la situación ante la imposibilidad de legalizar inmuebles de apartamentos, ya que el Plan Xeral -el anterior con el que se concedió la licencia y el actual- solo autorizan apartoteles en este privilegiado emplazamiento. El responsable del urbanismo vigués no quiso valorar expresamente si la solicitud de licencia de los afectados tendrá alguna virtualidad. «No sé cómo viviendas escrituradas por sus propietarios y registradas en el catastro pueden transformarse en un apartotel», se justificó.
Estos cinco edificios fueron construidos a mediados de los años noventa tras obtener licencia municipal en 1994. Lo que debía ser una instalación hotelera se convirtió en la práctica en un bloque de apartamentos. La denuncia de varios particulares inició un largo recorrido judicial hasta que, en 1999, lograron una sentencia de derribo.
Aunque existía un incumplimiento de la licencia, el Concello ha tratado desde entonces de evitar un derribo que ahora parece inminente.
La única excepción fue Ventura Pérez Mariño, quien se planteó la demolición, pero en sus seis meses en la alcaldía no pudo llevarla a cabo. «Se trata de un error del pasado que ahora vamos a resolver», enfatizó ayer Mariño.