En Vigo existen una docena de proyectos urbanísticos de importancia que sobreviven desde hace años en la ilegalidad. De todos ellos uno ha logrado su legalización tras una compleja tramitación, una medida que recientemente sancionó el Tribunal Superior y que llenó de esperanzas a los cientos de familias afectadas.
Se trata del edificio de Jacinto Benavente, cuyo constructor sobrepasó ampliamente el volumen edificatorio autorizado. Pese a ello, el nuevo Plan Xeral se adaptó a la situación existente y el Concello pudo finalmente conceder licencia devolviendo la tranquilidad a sus aliviados propietarios.
En estos momentos hay varias solicitudes más de legalización pendientes de una solución, entre ellas las de varios bloques de viviendas en A Pastora o las dos torres Ifer, en cuyos bajos se ubica el Club Financiero. En ambos casos, y en los demás, mientras los tribunales gestionan la ejecución de sentencias de derribo, el Concello vigués las retrasa para conseguir devolverlos a la legalidad.
Excepciones
En los dos años de vigencia del nuevo Plan Xeral, al que se encomendó la Gerencia de Urbanismo para evitar una crisis generalizada de demoliciones, ha quedado en evidencia que el actual gobierno está frenando la normalización de tres proyectos sentenciados.
Además de los apartoteles de Samil, cuya existencia tiene desde ayer fecha de caducidad, pueden citarse otros dos muy conocidos. Se trata de Finca do Conde y del edificio de O Piricoto, proyectos sensiblemente diferenciados.
El último fue construido hace casi veinte años, con licencia que se cumplió y adaptado al Plan Xeral. Sin embargo, una denuncia por impacto paisajístico al pazo de Castrelos anuló su licencia. En estos momentos, el Tribunal Superior estudia un plan de legalización introduciendo ligeros cambios para evitar dicho impacto.
Finca do Conde es un proyecto de mayor entidad (dos torres y un centro comercial) cuya licencia fue anulada y que el PSOE considera «un gran pelotazo». Por este motivo ha bloqueado públicamente su legalización.