Los procesos de consolidación previstos en el quinto convenio colectivo del personal laboral de la Xunta culminarán un procedimiento que el Gobierno bipartito negoció durante varios meses con las centrales sindicales, y que cristalizó en el acuerdo que el bipartito rubricó en abril del 2008 con CIG, CC.?OO. y UGT.
En aquella negociación salió a la luz un informe que cifraba en 1.700 los trabajadores contratados por medio de asistencias técnicas durante la etapa de Fraga. La mayor parte de ese personal optó por acudir a los tribunales para exigir que la Xunta les crease un puesto. Esa vía judicial derivó en una cascada de sentencias favorables a los intereses de los trabajadores, que se beneficiaron de la reforma laboral que impulsó en el 2006 el ex ministro Jesús Caldera, ya que estableció que cualquier persona con un vínculo de dos años con una empresa debe pasar a ser indefinida, también en el ámbito del empleo público.
Cambio de escenario
La actual Dirección Xeral de Función Pública enfatiza que este es un proceso «herdado» que se agotará con estas convocatorias. Subraya que, a partir de ahora, todas las plazas derivadas de sentencias judiciales firmes que reconozcan una situación laboral de carácter indefinido, y que no se puedan adscribir a un puesto de trabajo vacante, se incluirán en las relaciones de puestos de trabajo, «preferentemente como persoal funcionario e excepcionalmente como persoal laboral, cando a natureza das funcións así o requira». El departamento adscrito a Facenda puntualiza, además, que todas estas plazas serán ofertadas tanto en los concursos de traslados como en la elección de destino de las plazas derivadas de las próximas ofertas de empleo público de la Administración autonómica. En todo caso, la Xunta ya anunció que no tiene prevista la convocatoria de nuevas plazas en este ejercicio, aunque adjudicará en febrero más de 900 pendientes de las ofertas del 2007 y del 2008.
A pesar de que Función Pública sostiene que los procesos de consolidación afectan a esas 670 plazas, el Movimento pola Igualdade no Emprego Público, un colectivo que agrupa a funcionarios y opositores, advierte de que son 1.800 los contratados que están pendientes de esas convocatorias.