Si a lo largo de los últimos cuatro años y medio quedó demostrado que no había demasiado interés por sacar adelante el asunto, no sería de extrañar que ahora la inundación fuese la puntilla para ahogar definitivamente la operación Muralla. La mitad del tiempo transcurrido fue como si el juzgado y la Fiscalía se pasasen la pelota.
La jueza a la que le correspondió el caso no tiene medios para afrontar un asunto con más de 50.000 folios. Según expresaron diversas fuentes, su juzgado (que ahora también resuelve asuntos mercantiles) quedaría totalmente paralizado si su titular y los funcionarios asumieran la tarea. A mayores, precisarían varios especialistas en cuestiones económicas. Algunos expertos a los que les plantearon intervenir se negaron taxativamente. Es posible que la operación precisase un juez exclusivo y ahora, transcurridos casi cinco años, esa situación parece poco probable.
La Fiscalía tampoco se mostró decidida a encarar el asunto. A Izaguirre lo sustituyó Jacinto Fernández Villalvilla, que no llegó a agotar su mandato. Se fue a Ponferrada. En la memoria correspondiente al 2008, este fiscal efectuaba una «valoración negativa de la marcha de la investigación» y reclamaba que se acelerase la instrucción del proceso.
Villalvilla también llamaba la atención en otros aspectos. Había pedido informes, pruebas periciales y nuevas declaraciones de los imputados. Sin embargo, apreció «una escasa colaboración de alguna de las Administraciones, cuya actuación ha sido requerida para la práctica de algunas de las pruebas periciales». Acababa explicando que era necesario un «impulso procesal que permita acelerar la instrucción del procedimiento».
El actual fiscal, Javier Rey, anunció en su momento que asumía personalmente el asunto. Al parecer, pidió refuerzos especializados a la Fiscalía General del Estado que, según algunas fuentes, habrían sido concedidos. Desentrañar aspectos de carácter económico parece ser una de las claves para cerrar el caso.