02 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.
José Manuel García Adán, propietario de los burdeles donde supuestamente tenían su centro de operaciones los integrantes de la trama, está imputado también por un delito de aborto. Supuestamente quedó constancia de que medió en la práctica de un aborto practicado a una mujer que trabajaba en uno de sus locales. Esta persona supuestamente se quedó embarazada tras mantener una relación sexual con un empresario lucense que estuvo en prisión por estos hechos. El acusado era uno de los principales clientes de la mujer afectada. Por el aborto pagaron 600 euros.