En las diligencias hay un tomo de 200 folios sobre esta irregularidad
03 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los cabecillas de la trama de los burdeles que está siendo investigada en Lugo tenían patente de corso para hacer prácticamente lo que les daba la gana. Apenas pagaban las multas que les imponían los agentes de la Policía Local de Lugo por infracciones de tráfico. Los investigadores hallaron tantos indicios de esta situación que en las diligencias existe por lo menos un tomo con más de doscientos folios en los que se constata que los agentes sancionaban en vano.
No solo García Adán, el cabecilla, y José Marcos Grandío Ascariz (vinculado con el club Eros), dejaron de pagar al Concello de Lugo. También la mujer de este último se beneficiaba de la coyuntura. Las justificaciones que aparecen en los expedientes de las multas no cobradas resultan en algunos casos curiosas. En muchos de ellos se dice que García Adán no pudo ser localizado y, en otros, el motivo expresado para el impago es el de «errores materiales».
Los investigadores comprobaron que Adán únicamente llegó a abonar seis multas y, algunas de ellas, en el momento en el que una jueza comenzó a investigar el impago de sanciones en la Policía Local lucense. Asimismo, determinaron que en ocho expedientes consta que no fue posible localizarlo; en doce, que hubo un error material; y en seis, que se produjo una prescripción.
Se da la circunstancia de que la jueza instructora de la operación, Pilar de Lara Cifuentes, a la vista de la situación detectada, decidió abrir unas diligencias al margen de la Carioca con relación al impago de las multas. Después las remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que es el que se ocupa de la trama de la retirada de sanciones tanto en la Jefatura Provincial de Tráfico como en la Policía Local.
En la Subdelegación
Los tentáculos de la mafia de los burdeles llegaron, a su vez, a altas instituciones lucenses, además de a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelaron que José Manuel García Adán y sus colaboradores conseguían con facilidad resolver problemas relacionados con los papeles de algunas de las mujeres que trabajaban en sus clubes porque tendrían la inestimable colaboración de algunos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno. Hay pinchazos telefónicos que lo revelan.
Entre estos funcionarios figura el que fue responsable de Extranjería del Ministerio de Trabajo en Lugo, Alberto Linares, imputado en la operación. Al parecer, llegó a conocer que estaba siendo investigado y, desde entonces, comenzó a tomar diversas precauciones. Poco a poco, fue perdiendo funciones y, finalmente, fue separado del departamento. Según algunas fuentes, el responsable de la Subdelegación acabó encomendando las responsabilidades en la materia a un inspector de policía. Linares llegó a reducir drásticamente las comunicaciones que mantenía con el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, también imputado.