Los municipios que no rindan cuentas no tendrán ayudas de la Xunta
04 oct 2011 . Actualizado a las 09:53 h.El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, propuso ayer una reforma legal para que los cargos públicos que oculten facturas o no contabilicen gastos incurran en «una responsabilidad administrativa y, en su caso, penal». Según explicó en un desayuno informativo en Madrid, se debe distinguir entre una inversión que puede ser «discutida y discutible» y lo que supone «no contabilizar facturas, no contabilizar gastos o dejar las facturas ocultas en los cajones», que no sería ya una una mera responsabilidad política, sino que debería ser un delito. Feijoo explicó que el hecho de que cualquier empresa esté sujeta «no solo a unas actas de inspección financiera, sino también a los delitos de contabilidad» es un buen antecedente «para decidir qué tipo de responsabilidad se debe aplicar a los gestores políticos». «Debemos hacer un ejercicio de ver cómo se tipifican ese tipo de conductas y qué responsabilidades tienen en función del cargo», afirmó.
Respecto a quién debería afrontar la responsabilidad penal, señaló que esta debe recaer en «quien tenga la responsabilidad de generar el gasto», sea un director general o un consejero.
Unión de ayuntamientos
El líder gallego anunció también que el próximo Consello de la Xunta aprobará un decreto que regulará las condiciones para acceder a subvenciones, y que en el ámbito local establecerá que los ayuntamientos que no presenten sus cuentas de forma anual ante el Consello de Contas no podrán acceder a las ayudas de la Xunta. De la misma manera, el Ejecutivo gallego se plantea que a la hora de repartir las subvenciones entre los ayuntamientos, ya a partir del 2012 se priorice a aquellos que se unan «para fusionar servicios y ofrecer conjuntamente servicios de mayor calidad y a un menor coste».
«No tiene sentido que se exija lo mismo a quien se esfuerza y cumple que a los que no», señaló. Como ejemplo de esa falta de equidad en el trato, explicó que Galicia «sufrió esa injusticia en varios momentos de esta legislatura» por parte de un Gobierno central «que midió a todas las autonomías con la misma vara, independientemente de su cuenta de resultados y que desde luego fue bastante menos severo consigo mismo».
«No es solo política, tiene que ser una responsabilidad administrativa y, en su caso, penal»
Alberto Núñez Feijoo