El Parlamento insta a la Xunta a extremar el control sobre las concesiones
GALICIA
La generalización entre las Administraciones del uso de mecanismos de financiación público-privada para mantener la inversión productiva ha movido el foco del debate político sobre estos sistemas. Lo que se discute ahora ya no es tanto la participación del capital privado para ejecutar obra pública como un abuso en su utilización que puede multiplicar las hipotecas que representan para las cuentas de la Xunta. Este asunto, que está ocupando una parte central en la presentación parlamentaria de las cuentas del 2012, volvió a capitalizar ayer el debate del pleno de la Cámara, al hilo del informe de fiscalización del Consello de Contas, que alerta de la incertidumbre que las fórmulas de pago aplazado proyectan sobre el equilibrio contable de la comunidad.
Los tres grupos parlamentarios aprobaron las propuestas de resolución en las que asumen la advertencia del fiscalizador y emplazan a la Xunta a que consultar a ese organismo sobre posibles mecanismos de transparencia y control de la financiación público-privada. PSOE y BNG llevaron el peso del debate. El socialista José Manuel Lage objetó que estas fórmulas contribuyen al crecimiento de la deuda gallega, que ha pasado de 3.000 millones en el 2008 a los más de 8.000 previstos para el 2012. «O Goberno abusa deste mecanismo, que compromete presupostos para o futuro», reprobó Lage, que reclamó una fiscalización específica de los entes de las diputaciones. El nacionalista Carlos Aymerich cifró en 120 millones de euros la asignación anual que la Xunta tendrá que abonar a las concesionarias a partir del 2014.
El PP asume que falta control
Esa estimación triplicará los 45 millones que el Ejecutivo reserva en las cuentas del 2012 al pago de peajes encubiertos a las empresas que gestionan las cinco autovías que estarán en servicio con el sistema concesional.
El diputado del PP Jesús Goldar se limitó a recordar la petición a la Xunta para mejorar el control y replicó a la oposición que la retirada del peaje en Rande y A Barcala ha generado compromisos presupuestarios hasta el 2042. Apostilló que el informe de fiscalización del 2008 prueba la «indolencia» del bipartito ante la crisis.