El proceso de fusión de municipios gallegos puede seguir un camino largo o un atajo rápido. El primero es el previsto en el ordenamiento vigente, conforme al cual la iniciativa debe partir de la Xunta de Galicia o los ayuntamientos afectados, por acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada corporación. Es preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial; sometimiento a información pública; dictamen del Consello Consultivo de Galicia y toma de conocimiento del expediente por la Administración del Estado. Las alegaciones y reclamaciones que puedan formularse serán resueltas por los mismos ayuntamientos con idéntica mayoría y la decisión definitiva corresponde al Consello de la Xunta por decreto. Si este procedimiento tiene alguna virtud, desde luego no es la rapidez. Requerirá acuerdos políticos y expedientes administrativos individuales, caso a caso, frustrando cualquier medida global dirigida a un recorte notorio del gasto público. Pero no hay otro, salvo que el Parlamento tome el atajo: la aprobación de una reforma legal que reordene administrativamente y de una tacada todo el mapa municipal gallego. Esta es la iniciativa que el presidente de la Xunta debía haber anunciado al Parlamento. Esta es la reforma legal que no ha promovido en tres años.