Las quejas de los alcaldes ante los abusos en la facturación que achacan a las eléctricas son tan reveladoras por las anomalías que denuncian como por la luz que arrojan sobre unos excesos con los que hasta ahora transigían sin problema. Ningún usuario particular permitiría deficiencias en su factura doméstica como las que toleraron las Administraciones: falta de contadores, ausencia de información sobre la potencia contratada o acumulación de facturas. Pero la verbena por cuenta del erario público ha terminado. La brutal caída de los ingresos impone un ejercicio de rigor a unos municipios acuciados por las deudas y con problemas en muchos casos para abonar las nóminas. Es esta situación límite la que saca de las sombras escandalosos excesos que siempre estuvieron ahí. Y no solo en los ayuntamientos.
Cada vez que una Administración presenta un nuevo nicho de ahorro en el gasto público está asumiendo la desidia con la que ha gestionado. Sucede con la galaxia de los chiringuitos, convertidos en bandera de las duplicidades y falta de transparencia; con la burbuja de altos cargos y asesores, que durante lustros registró un crecimiento exponencial; o con los coches oficiales, que siguen circulando a centenares por Galicia. Y es también el caso de facturas como la energética. Los centros de salud y hospitales del Sergas tienen un plan en marcha para ahorrar 8 de los 20 millones de euros que gastaban al año en luz. Son gestos de sentido común y aplicación cotidiana para cualquier ciudadano que las Administraciones empiezan a descubrir ahora. Un obligado principio que debiera conducir al fin de una cultura del despilfarro pagada por todos.