La investigación trata de descubrir el pago de posibles comisiones a cambio de la adjudicación de obras y permisos de edificación
28 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El sector de la construcción está comenzando a adquirir un notable protagonismo en el desarrollo de las investigaciones que la jueza Pilar de Lara desarrolla en el marco de la operación Pokémon. El hilo conductor persigue sacar a la luz el pago de posibles comisiones a cambio de la adjudicación de obras y de permisos de edificación, según indican fuentes del caso.
Los primeros indicios apuntarían a diversas operaciones en las que el margen de las supuestas gratificaciones superarían el 10 % del coste de los proyectos, y en algunos casos el soborno se acercaría incluso a un 20 %, según señalan los testimonios consultados en la operación judicial.
Tras las detenciones realizadas el miércoles del concejal socialista de Cospeito Manuel Ángel Pico Yáñez, vinculado a la constructora Hermanos Pico Yáñez, y del propietario de la empresa de construcción viguesa Anchelergues e Asociados, Javier Anchelergues, la jueza ordenó ayer que fuera detenido en Vigo el empresario del mismo sector Manuel Álvarez Martínez, consejero delegado de la filial gallega del grupo constructor vasco Bruesa, hasta que dicha firma entró el año pasado en concurso de acreedores.
Cohecho y tráfico de influencias
El detenido, puesto en libertad ayer mismo tras ser imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y quedar sometido a la obligación de comparecer ante los juzgados cuando sea requerido, había liderado las negociaciones con la alcaldía de Vigo para llevar a cabo la que el regidor, Abel Caballero, definió como «mi proyecto estrella» y «la muestra del éxito del Plan General» de la ciudad, documento que aprobó el socialista en el pasado mandato con el apoyo de los ediles del BNG.
El proyecto negociado por Manuel Álvarez con el gobierno de Caballero estaba diseñado para cambiar por completo la plaza de España de Vigo y levantar en ella cuatro torres de edificios de hasta 18 alturas con 480 viviendas en total, un centro comercial, un aparcamiento subterráneo de 600 plazas y una superficie pública de cerca de 19.000 metros cuadrados, además de tres pasos subterráneos. El ámbito urbanístico superaba los 38.000 metros cuadrados y requeriría una inversión cercana a los 200 millones de euros.
Aunque el propio Álvarez Martínez llegó a asegurar que unas 500 personas ya se habían interesado por las viviendas y daba a 200 de ellos como seguros compradores, el proyecto estrella del nuevo Plan General de la ciudad no llegó a arrancar a causa de la delicada situación financiera de Bruesa, que adeudó hasta 28 millones de euros a entidades financieras antes de entrar en concurso de acreedores.
El proyecto, que había nacido con en el Plan General diseñado inicialmente durante el mandato del nacionalista Lois Pérez Castrillo, y se continuó durante el de Corina Porro, se culminó con la aprobación definitiva del documento urbanístico con Abel Caballero, quien llegó a asegurar que en el caso de la promoción de plaza de España las plusvalías de los promotores se habían reducido en un 30 %, lo que, según él, evidenciaba el carácter más especulativo del plan que había heredado de manos del PP.
Fuentes del sector de la construcción de Vigo indicaron ayer que Manuel Álvarez, el último de los imputados hasta ahora en la operación Pokémon contra la corrupción, había retomado su actividad promotora por libre tras la crisis financiera de Bruesa, que ha dejado en el tintero la promoción que le ocupó a lo largo de los últimos años, y que casi con toda probabilidad no verá la luz, cuando su culminación estaba prevista para el año 2014.
El matrimonio de O Carballiño, en libertad sin cargos
Durante la mañana de ayer prestó declaración en las dependencias del juzgado lucense el matrimonio integrado por José Daniel Blanco y Olga González. Se trata de los responsables de una empresa de desbroces que tiene su sede en O Carballiño. Ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer de manera periódica en sede judicial. Según señalaron diversas fuentes, tanto el hombre como la mujer negaron haber pagado para conseguir adjudicaciones de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil durante el mandato de Fernández Liñares.
La pareja es natural de Vilar de Torcela, en el municipio ourensano de Piñor. Su empresa realiza desbroces y otro tipo de trabajos forestales. Entre sus clientes se encuentran algunas Administraciones públicas. Los investigadores estiman que, al menos, lograrían una obra por importe de unos diez mil euros de manera supuestamente irregular.
Bruesa, la firma del imputado, iba a levantar 480 pisos en la plaza de España de Vigo