Las primeras denuncias contra el capitán, la armadora y la aseguradora del Prestige fueron presentadas el 18 de noviembre del 2002. El petrolero aún no se había hundido cuando un abogado de Fisterra y un empresario radicado en Laxe se presentaron en el Juzgado número 2 de Corcubión para dar cuenta de lo que consideraban un delito medioambiental.
Era sábado y Cipriano Castreje era un letrado fisterrán que paseaba por la playa de O Rostro con un amigo. Unos minutos después estaba ante el secretario judicial Juan Francisco Riobó reclamando por la llegada del chapapote a las costas fisterranas. Poco después, José Manuel Pato González, delegado de la Real Liga Naval Española en Laxe, se presentó en las mismas dependencias con idéntica pretensión. La actuación de ambos decidió que el proceso se quedara en Corcubión, a pesar del desagrado que en los primeros momentos mostraron tanto el fiscal como el el abogado del Estado García Agudín e incluso marineros de la zona, que creían que el asunto debía dilucidarse en A Coruña.
Tanto José Manuel Pato como Cipriano Castreje actuaron a título particular. El primero tuvo claro que debía actuar «igual que hago cuando veo cometer algún delito. Si eso ocurre en el mar también llamo a la Guardia Civil. Solo cumplo con mi deber». El abogado quería especializarse en delitos medioambientales y vio su oportunidad con la invasión de fuel. Curiosamente no está incluido en el proceso porque aunque representó a muchos afectados, todos ellos renunciaron a indemnizaciones a favor del Estado.
Ambos actuaron de forma coordinada, a pesar de que se conocían desde hacía poco y fueron los que abrieron un proceso que aún se alargará.
C. Castreje y j. M. Pato denunciantes del caso