31 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.
Lo ocurrido por la decisión de la presidenta del Parlamento gallego sobre la asistencia de público a las sesiones no es un ejemplo democrático. Por regla general son públicas, pero el público asistente no está legitimado para dificultar su funcionamiento. Tampoco los parlamentarios. Si pueden ser llamados al orden por la presidencia en el ejercicio de su función, con mayor razón incurren en responsabilidad si contribuyen a la alteración desde la tribuna del público. Ciudadanos y parlamentarios tienen cauces constitucionalmente reconocidos para ejercer derechos y función.