En junio del 2011, el Concello de Santiago adjudicó a GRS Arc Local el contrato para la gestión de las multas de tráfico en la ciudad. La firma catalana, una de las investigadas ahora en la operación Manga y con su administrador en prisión preventiva sin fianza, valoraba en su página web ese hecho como una gran noticia para su proyecto de expansión en Galicia.
En los últimos cinco años, la gestión de las multas en Santiago ha estado adjudicada a SCI. Este grupo valenciano vio algo raro en el concurso por el cual perdió ese contrato y recurrió al Concello, que falló en su contra, por lo que decidió presentar un recurso contencioso. Su administrador, Julio Romero, explica que su reclamación en los tribunales se fundamenta en que consideran que el Ayuntamiento compostelano puntuó irregularmente las ofertas. «No se aplicó el criterio de puntuación que se especificaba en el propio pliego de condiciones. De haberlo hecho, nosotros habríamos ganado ese concurso y, sin embargo, la adjudicación fue para GRS», explica.
Las sospechas de SCI cobran ahora más fuerza, ya que este contrato, el de la gestión de las multas en Santiago, está en el centro de la nueva presunta trama de corrupción descubierta en la capital gallega. Los investigadores consideran que el administrador de GRS, Alexandre Ros, era amigo de Ángel Espadas, asesor y mano derecha del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, y que aprovechó esa relación para que el gobierno local favoreciese a la firma catalana en este concurso. El contencioso de SCI ha paralizado la adjudicación a GRS y la firma investigada no podrá hacerse con el servicio hasta que no se resuelva el recurso pendiente. Mientras, SCI sigue gestionándolo con contratos temporales.
Investigación judicial
Este contrato es uno de los que está investigando la jueza de Lugo que instruye la causa de la operación Manga, Pilar de Lara. En este asunto estarían presuntamente directamente involucrados Ángel Espadas por su influencia en el Concello de Santiago, Alexandre Ros como responsable de GRS, y Albino Vázquez como concejal de Seguridad Ciudadana. Todos fueron detenidos el pasado jueves y, tras prestar declaración judicial, los dos primeros ingresaron en prisión, mientras que el edil quedó en libertad tras pagar una fianza de 15.000 euros. También se investiga la posible relación del exalcalde, Gerardo Conde Roa, cuya casa fue registrada durante cuatro horas, pero que no fue detenido ni imputado.