El presidente de Azkar dice que en el caso Campeón se vulneraron sus derechos
GALICIA
Reclama que se archive la causa por inexistencia de delito, y la nulidad de las conversaciones que le interceptaron
23 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.José Antonio Orozco, amigo del exministro José Blanco y actual presidente del grupo empresarial Azkar, considera que su imputación en el caso Campeón se hizo en base a pruebas sin fundamentación suficiente y aportadas a la causa de manera irregular. Así se lo transmitió ayer su defensa al juez instructor del Tribunal Supremo en un escrito en el que solicita el sobreseimiento de la causa por entender que sus derechos fueron vulnerados de manera grave.
«El relato del Ministerio Fiscal se nutre en su mayor parte de datos procedentes de diligencias practicadas violentando derechos fundamentales de los imputados y que, por tanto, carecen de validez y no deben surtir efecto alguno», recalca el letrado de Orozco.
En concreto, el escrito se refiere a la transcripción parcial de las conversaciones intervenidas por orden del juzgado de Lugo que instruye la otra parte del caso Campeón. El permiso para los pinchazos telefónicos «no pudio tener como finalidad investigar los hechos que son objeto de la presente causa», apunta la defensa del empresario, que por tanto entiende que no pueden utilizarse sin orden del juez, y menos cuando se implica a una persona aforada como Blanco. «No existe resolución del instructor de la presente causa que autorice la interceptación y grabación de las comunicaciones de José Antonio Orozco, y mal puede haberlas cuando se trata de grabaciones realizadas muchos meses antes de la apertura de la causa», añade el abogado.
La defensa adelanta posibles acciones legales advirtiendo que dichas grabaciones no pueden utilizarse como prueba en el juicio si llega a celebrarse, y extiende la misma consideración a los peritajes que la Policía Judicial hizo sin autorización del magistrado de la nave cuyas autorizaciones de apertura se han convertido en objeto de análisis en la causa abierta por supuesto tráfico de influencias contra José Blanco.
Además de alegar la vulneración de sus derechos, Orozco niega taxativamente que existan ilegalidades en la concesión de los permisos por parte del Ayuntamiento de San Boi fruto de presiones, sumándose a las tesis de la defensa de Blanco de que el consistorio vecino del Prat otorgó sus licencias a la parte de la infraestructura que se asentaba en su suelo. Orozco defiende, en todo caso, su condición empresarial para justificar trámites y llamadas al Ayuntamiento de Sant Boi y ante el propio ministro, porque, según dice, «la mera existencia de una relación de amistad, derivada de circunstancias personales y ajenas a la actividad de uno y otros, no puede considerarse suficiente para integrar el tipo penal» de tráfico de influencias.