La jueza se lleva la información del ordenador de Orozco

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

GALICIA

Vigilancia Aduanera confiscó cientos de correos electrónicos en Lugo

04 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Los informáticos de Vigilancia Aduanera enviados al Concello de Lugo por la jueza Pilar de Lara, en el marco de la operación Pokémon, procedieron al volcado del contenido de los discos duros de unos 25 ordenadores de diversas dependencias, según confirmó ayer el alcalde accidental, Luis Álvarez. Entre los ordenadores revisados figura el del alcalde, López Orozco. Al parecer, su copiado planteó complicaciones a los técnicos porque no estaba conectado a la red municipal.

La jueza indaga si Orozco tuvo algo que ver con alguna de las adjudicaciones que investiga, especialmente durante la larga etapa como concejal de Francisco Fernández Liñares. Las principales fueron el servicio de grúa, el de la ORA y el de la publicidad en los autobuses urbanos, entre otros asuntos.

El llamativo registro en el Ayuntamiento coincidió con la ausencia de Lugo del regidor, que se encuentra de vacaciones, al parecer fuera de España. Su sustituto dijo ayer que le prohibió expresamente que cancelara su descanso para incorporarse anticipadamente a su despacho. Orozco regresará mañana por la tarde, entre otras razones para presidir el pleno ordinario que celebrará la corporación municipal el lunes, a partir de las cinco de la tarde.

Otro de los ordenadores que fue objeto de atención por parte de los investigadores fue el del concejal Lino González Dopeso, responsable de Medio Ambiente. También se ocupa de cuestiones relacionadas con el agua y sus usos. Los archivos que buscaban, entre otros, estaban relacionados con los planes de crear una empresa mixta para la gestión del agua. Los investigadores supuestamente hallaron en su momento algún indicio que les llevaría a pensar que se podrían haber dado pasos para dirigir la adjudicación hacia una empresa en particular.

Puestos de confianza

Antes de iniciar las tareas de volcado de discos duros, algunos investigadores pasaron por el departamento de personal y reclamaron una lista de aquellos que tuvieron algún puesto de confianza relacionado con varios concejales que ahora ya no forman parte de la corporación, en concreto José Piñeiro, que durante varios años ejerció como concejal de obras; José Rábade, responsable de la Policía Local y Seguridad Ciudadana, y Francisco Fernández Liñares, uno de los presuntos cabecillas de la operación. Siguiendo esa relación, los informáticos fueron encaminándose a los ordenadores de varios funcionarios y también de distintas dependencias. Según algunas fuentes, los investigadores se interesaron por los equipos informáticos del jefe de contratación, de la exjefa de la asesoría jurídica y de varios funcionarios.

Entre los archivos vaciados por los investigadores que fueron a las dependencias municipales con una extensa orden firmada por la jueza figuran las carpetas de los correos electrónicos. Todas esas comunicaciones serán analizadas.

El trabajo que tienen ahora por delante los investigadores es de órdago. Tendrán que analizar minuciosamente los archivos de cada uno de los ordenadores. En el caso de los correos electrónicos no podrán abrirlos sin la presencia de su autor. Esta operación es posible que tenga que ser desplazada a la sede de la Agencia Tributaria en Lugo porque los juzgados lucenses trabajan muy precariamente en cuanto a medios informáticos.

Recalificaciones

Los agentes de Vigilancia Aduanera también buscaron datos sobre recalificaciones urbanísticas presuntamente interesadas. Esta fue una de las cuestiones que generó en su momento gran controversia entre un amplio sector de los lucenses. Incluso se creó una asociación al efecto. Sin embargo, la jueza va a casos muy concretos y estos parece que se encuentran en los dominios de Francisco Fernández Liñares que, supuestamente, tiene la mayor parte de sus posesiones en la zona del barrio de A Ponte, en las afueras de la capital.

En su momento, la jueza De Lara Cifuentes recibió numerosos anónimos que le daban cuenta de presuntas anomalías para favorecer algunos terrenos en detrimento de otros. Esta situación también se pudo haber producido en la zona de Cuíña, una parroquia de la zona rural no muy alejada del barrio de A Ponte.