El grupo AGE presenta dos recursos para levantar el «carácter reservado» de los documentos de la investigación parlamentaria y se reserva el derecho de acudir al Constitucional
19 jun 2013 . Actualizado a las 15:03 h.El grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que lidera Xosé Manuel Beiras, presentó este miércoles dos recursos en lo que reclama la suspensión provisional de las comparecencias en la comisión de investigación de las cajas de ahorros con el fin de levantar el «carácter reservado» que pesa sobre parte de la documentación remitida por la Xunta a la Cámara y darle tiempo a los diputados a que la estudien.
Beiras, que compareció en rueda de prensa con la coportavoz del grupo, Yolanda Díaz, advirtió que en su formación «non nos sentimos obrigados a manter o segredo» sobre toda aquella información que consigan averigurar rebuscando en los papeles. «Practicaremos a desobediencia e o desacato», insistió el dirigente nacionalista, que acusó al PP de situarse fuera de la «legalidade democrática» restringiendo la documentación que tiene que revisar la comisión parlamentaria.
Desde Alternativa señalan que quedan a la espera de que la Mesa de la comisión de investigación de las cajas, que tomó con los votos del PP la decisión de declarar secreta la documentación, y la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, respondan a sus recursos. Y entretanto, indican que sus diputados pasarán al «estatus de observadores» en dicho órgano parlamentario, es decir, analizando los papeles y difundiendo sus contenidos cuando consideren que son interesantes, pero sin participar en la elaboración de los dictámenes ni en las comparecencias con efectos desde la semana próxima.
Yolanda Díaz también invocó el artículo 23.2 de la Constitución para dejar el camino que puede seguir su grupo político en caso de que no se resuelvan satisfactoriamente sus recursos, al dejar abierta la puerta a la interposición de un recurso de constitucionalidad contra la decisión de declarar secretos los documentos, pues, en el peor de los casos, Díaz entiende que debe ser una decisión «motivada en senso xurídico», algo que en su opinión no se produjo.