El número de familias afectadas por la tragedia del tren de Santiago que se han personado como acusación particular en la causa judicial abierta en los juzgados compostelanos ya asciende a 28, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De ellas, once corresponden a familias de viajeros que fallecieron en el descarrilamiento, mientras que las 17 restantes son de heridos.
El personarse en la causa da derecho a los afectados a contar con abogado y procurador en todo el proceso judicial, incluidas las declaraciones de testigos que se ha producido y la del único imputado, el maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón.
Las de ayer son las tres últimas declaraciones previstas por el momento por el juez que instruye el caso, Luis Aláez. En las próximas semanas tendrán que comparecer las personas que viajaban en el Alvia que descarriló en la curva de Angrois el pasado 24 de julio. Es necesario no solo probar que iban a bordo del tren siniestrado, sino también hacer un informe sobre las lesiones sufridas y sobre su actual estado de salud.
El Parlamento no será acusación
La propuesta de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) de que el Parlamento de Galicia se persone en la causa como acusación particular fue rechazada ayer mismo por el PPdeG, que como tiene mayoría absoluta en la Cámara no permitirá que se lleve adelante.
AGE considera que «os poderes públicos teñen a obriga legal, ética e de compromiso público de investigar as causas e depurar responsabilidades», pero los populares gallegos, a través de su viceportavoz Román Rodríguez, señalaron que al Parlamento no le corresponde la función de ser acusación particular en esta causa y que supondría «unha clara interferencia na separación de poderes».